Según se ha informado en nota de prensa, agentes de la Policía Nacional, en un operativo realizado con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 1.673.584 euros a las Seguridad Social cometido por varias mercantiles de Huesca y Lérida. Seis personas han sido detenidas y otras seis investigadas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

Las investigaciones comenzaron a mediados del año 2017 al ser remitidos sucesivamente distintos escritos denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional, junto con la diversa documentación solicitada por esta unidad policial.

Los agentes revisaron y analizaron nueve expedientes que afectaban a las localidades de Jaca, Huesca, Monzón y Lérida. Como consecuencia fueron investigadas 16 empresas y los responsables de las mercantiles, así como otras personas relacionadas con ellas, fueron investigadas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social y delito de frustración de la ejecución, antigua insolvencia punible.

En todos los casos en los que se han tenido oportunidad, se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.

Diferentes formas de defraudación

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería las empresas defraudadoras utilizan diferentes procedimientos. Entre estos métodos figura la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se va transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella. En otras ocasiones, mediante el denominado “Grupo de Empresas” se constituye una empresa principal que ostenta el patrimonio junto a otras –descapitalizadas- que complementan la actividad de aquella, existiendo un ánimo defraudatorio ya que estas últimas empresas que figuran formalmente con personalidad jurídica independiente, en su actuación y actividades reales son una única empresa, utilizando fraudulentamente la normativa laboral (cesión irregular de mano de obra, contratas ficticias, facturaciones entre ellas mismas, etc.).

La creación de entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra mercantil según convenga es otro de los sistemas empleados con este fin. Para ello se establecen unas empresas patrimoniales, que ostentan el patrimonio del grupo y son las titulares de los derechos de crédito de la actividad, pero no de las deudas generadas por otras empresas del grupo que carecen de cualquier tipo de patrimonio realizable, existiendo entre las mercantiles deudoras y las descapitalizadas, relaciones opacas.

Asimismo, las sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasan de una razón social a otra o incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la localización y traba de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los bienes una vez requerido su embargo, son igualmente utilizados para defraudar. También los son la ocultación de bienes a los Organismos competentes de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de eludir el pago de la deuda generada, y el entorpecimiento de la labor recaudatoria de los mencionados Organismos de la TGSS.

Colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social

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En este tipo de investigaciones es de gran importancia la colaboración con de la Policía Nacional con la Tesorería General de la Seguridad Social, sin la cual la labor de detección y aporte de indicios y pruebas documentales se haría más complicada y tediosa.

Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal incardinada en la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Comisaría General de la Policía Judicial – Policía Nacional, en colaboración con la Jefaturas Superiores de Aragón y Cataluña, procediendo a la detención de los responsables en Jaca, Huesca, Monzón y Lérida.