El proceso de independencia se ha acabado, se ha requeteacabado. Ha acabado con él la justicia y han acabado con él sus contradicciones internas. Esta noche ha vuelto a dormir en prisión el plan c, el candidato a palos, el candidato de esa investidura que se sacaron de la manga a última hora y que estaba fracasada por la falta de apoyo de la CUP. Esta noche la ha pasado en prisión Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. El juez Pablo Llarena ordenó ayer el ingreso en prisión porque había un riegos elevado de fuga y de reiteración delictiva. La fiscalía investiga a Turull y su esposa por alzamiento de bienes.

Después de que la fiscalía pidiera esa prisión y después de que Marta Rovira se diera a la fuga, la orden de prisión para Turull y para los demás era difícil de evitar. Marta Rovira se ha ido a Suiza. Dice, como todos los fugados, que es para defenderse mejor, pero lo hace por miedo a la cárcel. Dice Marta Rovira que se exilia, falta a la verdad, se fuga de la justicia. Llarena ha reactivado la orden de detención internacional contra seis de los fugados.

¿Hubiera decretado la prisión Llarena si no no se hubiera fugado Marta Rovira? Nunca lo sabremos, pero dicen fuentes cercanas al juez que lo que quiere evitar a toda costa el magistrado del Supremo es que los líderes secesionistas puedan seguir con el proceso con el dinero que tienen fuera de España.

El candidato está en la cárcel, no se puede celebrar la segunda votación del candidato a palos, porque ya dijo el Constitucional que en ausencia no se puede votar a un candidato, candidato que estaba condenado al fracaso porque no contaba con el apoyo de la CUP. Pero a pesar de todo, se ha mantenido el pleno convocado para hoy a las 11.30 de la mañana. Torrent quiere convertir el pleno en un acto de protesta y el independentismo anoche volvió a agitar la calle.

La calle, la calle, que estaba dormida, otra vez contra el Estado de Derecho, manifestaciones a favor de los que se creían inmunes ante la ley.

Llarena mandó a la cárcel al Plan C , a Turull, a Romeva, Rull, Bassa y Forcadell después de haber procesado ayer a 13 de los líderes secesionistas por rebelión, delito que tiene entre 15 y 25 años de prisión, y a otros 12 más por malversación o desobediencia.

El auto de procesamiento de Llarena no puede haber sorprendido a nadie. En realidad Llarena dice lo que ha venido diciendo desde que comenzó la instrucción. Primero: hubo un concierto de voluntades. Segundo: lo hubo para realizar un ataque sin parangón al Estado Constitucional. Tercero: en ese concierto de voluntades se contempló el recurso a la violencia. Cuarto: la estrategia de romper con España sigue latente. Hubo, según Llarena, un concierto de voluntades desde el 19 de diciembre de 2012, luego llegó el Libro Blanco presentado en 2014 que sirvió de guía al proceso de ruptura. Llarena se extiende en detallar cómo los procesados no excluyeron la violencia. Es la cuestión más delicada. El tipo penal de la rebelión exige levantarse pública y violentamente. Según Llarena hubo violencia y de ella son responsables los procesados, la hubo el 20 de septiembre cuando 60.000 personas asediaron la Consejería de Economía mientras se producía el registro de la Guardia Civil y el hubo violencia 1 de octubre el día del seudoreferéndum. No era violencia planeada. Pero sí una violencia que los procesados aceptaron como riesgo y que se podían imaginar, era una violencia “representable”, dice el juez. Durante tres años se impulsó un deseo colectivo de independencia y era fácil de prever que eso acabara en uso de la fuerza. Era previsible, dice el juez, que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores pudiera desatarse. O sea que el uso de la violencia ha sido indirecto, alentado a la masa.

Estas afirmaciones de Llarena merecen dos valoraciones. La primero es que fue así. Por más que se hablara esos días de manifestaciones pacíficas, lo cierto es que hubo violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre. También hubo violencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mucho menos de la que se dijo, porque hubo mucha manipulación informativa. Se puede discutir de la conveniencia política de aquella intervención policial. Pero la policía el 1 de octubre tenía la legitimidad en el uso de la violencia que le da el Estado de Derecho, que tiene el monopolio en el uso de la violencia. Y los protagonistas del estallido social no tenían legitimidad para usarla. Y, segunda consideración, el argumento de Llarena que culpa a los procesados de esa violencia es sólido. Estamos al inicio de un proceso, queda mucho camino jurídico por recorrer. Y de esto y de la aplicación del tipo penal a la rebelión es de lo que tendrán que discutir los jueces hasta que la sentencia sea firme. Pero los argumentos son sólidos.

El proceso de independencia se ha acabado. El bloque independentista, como quedó claro el jueves en la no investidura de Turull, no existe. La CUP no está dispuesta a prestar los dos diputados necesarios para que se pueda elegir a un presidente secesionista, y Puigdemont y Comín no se muestran dispuestos a renunciar a su acta de diputados, con lo que el independentismo se queda con 64 votos, o sea en minoría. El reloj ya ha empezado a correr y lo más previsible, en este momento, es una repetición de elecciones en julio. Estos meses, esperemos, a muchos independentistas, después de tanta feria y de tanto desastre, se le pueden haber abierto los ojos.