La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) se ha mostrado hoy "totalmente contraria" a la decisión de la Abogacía del Estado de presentar un recurso contencioso administrativo, en representación de la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, frente al acuerdo del pleno adoptado por el Ayuntamiento de Pollença el pasado febrero en el que se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a empresas que utilicen el catalán como lengua habitual.

Esta entidad entiende que la ayuda propuesta por este ayuntamiento “no incumple, de ninguna manera” la norma constitucional sobre la igualdad de las lenguas cooficiales de Baleares, que, según la visión de la Abogacía del Estado, “sí se está vulnerando”. Además, PIMEM asegura "coincidir" con el representante de la administración pública de Pollença, Miquel Àngel March, al defender esta ayuda que en distintos municipios se viene concediendo desde hace ya 20 años, "que cuenta con la aprobación social y política y que al parecer nunca había sido un problema hasta ahora”.

“No podemos permitir que una simple partida, que no cuenta con un presupuesto superior a 5.000 euros, tenga una repercusión tan grave para Delegación de Gobierno y que sea tildada como una subvención que incumple con el derecho constitucional y que ataca a la igualdad de las lenguas oficiales de nuestras islas, catalán y castellano”, afirman desde PIMEM.

Señala la entidad que la "preocupación" que algunos partidos políticos están mostrando durante los últimos años sobre las lenguas de nuestra comunidad, "la consideramos desde nuestra institución desmesurada e innecesaria”. PIMEM coincide al pensar que el "único problema que hay actualmente entre el castellano y el catalán es el provocado por estos mismos partidos, que hacen de la educación lingüística, una batalla innecesaria y partidista, para intentar desestabilizar al contrario".

"Apoyar y fomentar el comercio a través de nuestra propia lengua, nunca puede ser visto, por los partidos de nuestras islas, como un inconveniente. No debemos cometer el error de percibir este tipo de subvención como un ataque deliberado hacia la igualdad y la estabilidad lingüística", añaden desde la federación. Precisamente, desde Pimem creen que este tipo de actuaciones por parte de la Abogacía del Estado y de la Delegación de Gobierno lo único que provoca es un "distanciamiento" entre los integrantes de nuestra comunidad, “una fractura gratuita”.