La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de cinco empresas, principalmente ficticias, que hacía contratos ilegales a trabajadores para el cobro de prestaciones por desempleo o jubilación o para regularizar la situación de extranjeros. Es la operación 'RALI', que se ha saldado con 52 detenidos por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Se calcula que el fraude a la Administración roza el millón cuatrocientos mil euros. Dos hombres, españoles, de 40 y 45 años, estaban al frente de la trama que funcionaba como explica el inspector jefe de la Policía Nacional, jefe de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, Antonio de Haro: "Había empresas que efectivamente tenían trabajos de mantenimiento o servicios, pero no trabajaban la cantidad de personas que decían; gran parte de los contratos eran ficticios. Otras empresas ni existían; eran dos personas que repartían trabajadores entre las distintas empresas para justificar las cotizaciones sociales que dieran algún beneficio a los trabajadores en un futuro".   Este investigador de la Policía explica, además, cómo se beneficiaba la red empresarial a través de esos falsos trabajadores: ”Había algunos que trabajaban más horas de lo que cobraban. Lo hacían de manera gratuita para que se les dieran más horas de alta, básicamente pagaban ellos su Seguridad Social. Otros, directamente, pagaban en metálico al mes un dinero entre 200 y 400 euros mensuales a cambio de ese alta".  La investigación continúa abierta, pero solo a la espera de cerrar algunos flecos de carácter administrativo.