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"OPERACION RENILO"

Detenido por un presunto fraude para acceder a las listas de trasplantes renales

El detenido es un ciudadano guatemalteco de 44 años de edad, que viajó a España con la única intención de ser atendido medicamente de su insuficiencia renal crónica, llegando a recibir tratamiento de hemodiálisis por razones humanitarias. Decía estar en riesgo de exclusión social, pero dispone de medios suficiente para residir en La Rioja sin trabajar, viviendo de alquiler y manteniendo a dos personas a su cargo.

el detenido con dos agentes de la Guardia Civil
  • Tito Alcalá

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco de la “Operación Renilo”, han detenido a un varón de 44 años, natural de Guatemala y con residencia irregular en Lardero, como presunto autor de un delito de fraude al Sistema Nacional de Salud.

Esta operación es el resultado del intercambio de información entre la “Unidad de Coordinación Autonómica de Trasplantes de La Rioja” y la “Guardia Civil”, con el único objetivo de detectar y evitar los fraudes al sistema de donaciones español. En esta ocasión se ha impedido un nuevo caso de "turismo sanitario ilegal y lesivo", dado que el detenido vino a España con la única intención de ser atendido médicamente de su insuficiencia renal crónica, llegando a recibir tratamiento de hemodiálisis por razones humanitarias conforme a la legislación vigente.

Después, se valió del engaño y la mentira para conseguir la tarjeta sanitaria humanitaria, con la que intentó acceder a la lista de espera para trasplantes renales sin tener derecho a ella al no cumplir los requisitos establecidos en la Ley, hecho que de haberse consumado hubiera causado un grave perjuicio a todos los pacientes que se hallan lícitamente en lista de espera para recibir un riñón.

Los investigadores han constatado que este individuo no se encuentra en riesgo de exclusión social, tal y como hizo creer, y que dispone de medios suficientes para residir en La Rioja sin trabajar, viviendo de alquiler y manteniendo a dos personas a su cargo, por lo que podía estar siendo tratado de su enfermedad en su país de origen.

Tras su detención se acogió a su derecho constitucional de no prestar declaración ante los investigadores, por lo que las actuaciones han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

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