Este lunes ha comenzado el juicio contra los ocho acusados de agredir a dos Guardias Civiles en Alsasua, Ignacio Camacho locomenta en 'La Linterna':

“No fue una bronca de borrachos. La agresión de Alsasua pudo acaso carecer de plan determinado pero responde a un clima de intimidación fuertemente implantado en el territorio vasco y navarro. Un sentimiento de propiedad tribal que percibe a la Guardia Civil como un cuerpo extraño, el símbolo casi último de la presencia del Estado.

Ese discurso nihilista de la violencia social, la semilla del odio como herencia de un terrorismo desarmado. Por eso no cabe minimizar los hechos ni reducirlos a una pelea de bar como intentan los extremistas de Podemos y el Gobierno nacionalista de la presidenta Barkos.

Se trata de la resistencia del mundo batasuno en un entorno rural en el que permanece atrincherado, al margen de cualquier reconciliación civil y empeñado en la construcción de su propio relato. El de un empate infinito en el que ETA ya no existe pero sobrevive su legado”.

Ignacio Camacho habla sobre esta noticia:

Los ocho jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en Alsasua han negado en el juicio su participación y que dirigieran o integraran un colectivo del entorno de ETA para expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. La Audiencia Nacional ha iniciado hoy el juicio de todos ellos por la paliza con puñetazos y patadas a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 durante las fiestas de Alsasua en el bar Koxka.

Los acusados, siete de ellos de entre 21 y 24 años de edad y un octavo de 31, se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas y se han negado a contestar al fiscal y a las acusaciones, entre las que se encuentran la ejercida por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo. La Fiscalía encuadra la actuación de los acusados al colectivo "Ospa!" (¡Fuera!) y las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí) creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas de seguridad estatales. Ohian Arnanz, para quien se pide la mayor pena -62 años y medio de cárcel- y uno de los tres que están en prisión provisional, ha reconocido que estuvo en el bar Koxka, aunque no participó en nada, si bien en la instrucción negó que hubiera estado. "Se me quedaba la cosa grande", ha asegurado a preguntas de su abogado para justificar los motivos por los que al principio negó su presencia.