El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad el conjunto de resoluciones adoptadas por el Parlamento catalán el pasado 6 de octubre, entre las que figuraba la convocatoria de un referéndum durante 2017. Así mismo, el Tribunal ha denunciado a la Presidenta del Parlamento y a los miembros de la Mesa del Parlamento por no detener un proceso que puede ser constitutivo de delito. Será la Fiscalía la que actúe y decida si abre causa penal contra los citados. La decisión adoptada ayer llega pocos días después de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega y tras conocerse los incidentes protagonizados contra la Fiscal Jefe de Barcelona tras la sesión del juicio contra el 9-N. Nadie podrá negar la escalada de violencia verbal e institucional que protagoniza el soberanismo en Cataluña, ni la presión que ejerce contra la Justicia, a la que acusa de parcialidad y politización. Está claro que la estrategia pasa por tensar la cuerda y atrincherarse en posiciones ilegales que ninguno de los miembros del Gobierno, ni de los órganos de dirección del Parlamento, desconocen. El desvarío se ha adueñado del soberanismo y no parece posible, al menos de momento, que se corte el nudo antes de que se rompa la cuerda. El Estado actuará en defensa del orden constitucional, pero el problema no es sólo de orden jurídico, sino también social y político. La fragmentación de la sociedad catalana es un hecho, las trincheras y los enconamientos son el pan nuestro de cada día. Esa es la responsabilidad de Puigdemont, Junqueras y Forcadell.