Arnaldo Otegui no se podrá presentar como candidato de Bildu a las próximas elecciones autonómicas vascas. La decisión, primero de la Junta Electoral y luego del juzgado de lo Contencioso- administrativo, se ajusta a derecho según el Tribunal Constitucional. La negativa del alto tribunal a admitir a trámite el recurso que presentó Otegui no es una trampa política   para acallar la voz del líder del independentismo vaco ligado a ETA. Significa que la ley es igual para todos los ciudadanos y también para los políticos. Sobre Otegui recae una pena de inhabilitación para cargo público hasta febrero de 2021 a causa de una condena de la Audiencia Nacional por intentar reconstruir Batasuna. Tan sencillo y claro como eso. Las lecturas partidistas de esta decisión del Constitucional, basada en una estricta técnica jurídica, pretenden sembrar la confusión en una sociedad marcada por profundas divisiones. Afirmar que el máximo tribunal español no tiene legitimidad para impedir que Otegui sea el próximo Lendakari es una mera bravata que evidencia la pretensión de  romper el orden constitucional. Las reglas del Estado de Derecho obligan a todos y habría sido un penoso error ceder a la presión del mundo batasuno, jaleado significativamente por Podemos.