Está claro que las sentencias judiciales hay que cumplirlas, aunque no gusten. Pero en algunas ocasiones, no se trata de que gusten o no sino de que esas sentencias sean justas y, sobre todo, que se atengan más al espíritu que a la letra de la ley. Ahí está el caso del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Saty, cabecilla de la célula terrorista de los atentados de Barcelona y Cambrils. Por sus antecedentes penales y después de pasar cuatro años en presión, se había ordenado su expulsión de España. Pero la defensa, por cierto ejercida por un abogado antisistema que ocupa un relevante posición en el ayuntamiento de Barcelona, consiguió que permaneciera en España, viajar al extranjero… y ejercer solapadamente su actividad adoctrinadora para radicalizar a jóvenes musulmanes.

Otro caso que está causando conmoción en toda España es el de la madre granadina Juana Rivas, que ayer consiguió la libertad provisional al presentarse voluntariamente al juez de guardia, después de estar huida con sus dos hijos durante dos semanas. Como es sabido, Juana ha sido condenada a entregar a sus dos hijos al padre legítimo, a pesar de estar acusado de maltratador. Es cierto que este caso ha servido de pretexto a diversas agrupaciones feministas para montar una permanente protesta, al socaire de esa lacra de violencia de género que tanto ha sensibilizado al conjunto de la sociedad. Pero al margen de las diversas sentencias judiciales que se han entrecruzado, queda intacto el drama humano de esta mujer, que a todas luces, trata de defender a sus hijos por encima de otras consideraciones aunque todavía le queda un último recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin duda, los jueces hacen su trabajo con arreglo a la ley, pero cuando una sentencia va contra el sentido común, hay que buscar todos los medios legales posibles para garantizar el Estado de Derecho.