El riesgo de una guerra civil en Venezuela se acrecienta a medida que pasan los días. En las últimas horas, a la fallida intentona de golpe militar en la ciudad de Venezuela se ha sumado el cese de la fiscal general, Luisa Ortega, ordenado por la Asamblea Constituyente, con lo que el proceso de conquista de los poderes del Estado por parte del dictador se va consumando. La Asamblea Constituyente, un organismo títere del poder totalitario, ha incluido además, entre sus primeras medias, la creación de una Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, un instrumento más añadido a la venganza política. El régimen venezolano, que se mantiene gracias al aparato represivo, está manteniendo un pulso al espíritu de libertad y democracia que anida en gran parte del pueblo.

Ante esta deriva, la Comunidad Internacional debe intensificar la vía de la posibilidad de una salida negociada a un conflicto que lleva trazas de una no satisfactoria solución para el pueblo venezolano. La suspensión política de Venezuela en Mercosur y la condena de la Santa Sede son dos actuaciones que deben alentar medidas más eficaces contra el régimen de Maduro. La solidaridad internacional con el pueblo venezolano debe expresarse con medidas que no agudicen la crisis humanitaria. El régimen de Maduro, aislado internacionalmente, no tiene otro camino viable que el de la negociación y la búsqueda de una salida que haga posible una convivencia pacífica en paz, libertad y progreso. Lo contrario sería un drama y un fracaso.