Desde este fin de semana, coincidiendo con el inicio de las vacaciones para muchos españoles y con la llegada de miles de turistas a nuestro país, el sector del taxi está en huelga en las principales ciudades de España para exigir al Gobierno una serie de cambios legales que les garanticen el cumplimiento de la ratio de una licencia de vehículo con conductor por cada 30 taxis. La regulación del sector de las VTC es competencia del Ministerio de Fomento, mientras que la gestión de las autorizaciones y su otorgamiento es competencia de las comunidades autónomas por delegación del Estado. El Ministerio, al que la revuelta le ha pillado con el pie cambiado, pide calma y está solicitando a los taxistas que vuelvan a la normalidad como paso previo para llegar a una solución conjunta con todas las administraciones afectadas. 

Aunque algunas de las demandas son más que legítimas, la forma de las reivindicaciones está siendo un despropósito. A una huelga desproporcionada, que amenaza con endurecerse aún más en los próximos días, hay que añadir el hecho de que quienes la lideran lo están haciendo con un estilo impresentable que raya la extorsión. El sector necesita una regulación que sea justa para todas las partes implicadas y que no impida la sana competencia. El taxi cumple un servicio público evidente y es bien valorado, en general, por los ciudadanos. Pero de seguir con estas formas, la protesta se puede llevar por delante en poco tiempo la imagen y la reputación de todo un colectivo.