El auto de la Audiencia provincial de Málaga que exculpa de cualquier delito a la Guardia Civil en el caso de la avalancha de más de 200 inmigrantes en la valla de Melilla, en octubre de 2014, ayuda a clarificar la actuación de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en uno de los puntos más problemáticos de nuestras fronteras. Este caso fue utilizado políticamente en una campaña de desprestigio contra el  gobierno del Partido Popular en una cuestión delicada y compleja para la que no existen soluciones fáciles. El uso proporcionado y motivado de la fuerza frente a la violencia de quienes pretendían entrar ilegalmente en nuestro país, según ha calificado este tribunal, tiene un carácter defensivo y disuasorio, y no ha incurrido en excesos que deslegitimarían la actuación de la Benemérita. La permanente llegada de personas que pretenden entrar ilegalmente en las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla exige del Estado una actuación siempre escrupulosa con el cumplimiento estricto de la ley,  respetuosa de la dignidad de cada persona y compatible con el derecho a la seguridad de los ciudadanos. No se puede instrumentalizar a quienes pretenden saltar la valla con el deseo de una vida mejor; eso no ayuda al tratamiento adecuado de un problema antes humanitario que político.  El protagonismo solidario de no pocas organizaciones, también de la Iglesia, que acogen y acompañan a los inmigrantes, debe ser compatible con la actuación del Estado y de sus fuerzas de seguridad.