Para COAG este enfoque resulta inaceptable porque erosiona gravemente el principio del carácter comunitario de la PAC y puede provocar serias distorsiones entre rentas agrarias y agricultores de distintos países.«La financiación debe ser 100% comunitaria del primer pilar (pagos directos) y los pagos anuales establecidos en el mismo deben estar completamente asegurados. Esta organización rechaza cualquier tipo de renacionalización de la PAC porque tendrá consecuencias imprevisibles para la delicada economía agraria y el medioambiente y pone en peligro el valor añadido que supone contar con un mercado único. Hasta ahora, el marco legal de la PAC ha sido establecido por la Unión Europea, tanto en los Reglamentos de Base como a través de Reglamentos Delegados y de Aplicación. Los Reglamentos han sido el instrumento legislativo que ha permitido conseguir una Política Agraria integradora y Común».

Asimismo, COAG considera lamentable que la única novedad de la Comisión a la hora de priorizar la ayudas a los verdaderos agricultores sea un cambio de denominación: de agricultor activo a genuino. COAG rechaza este cambio de nombre ya que «introduce confusión y reclama que se recupere la iniciativa planteada en la reforma de 2013 para identificar a aquellos titulares que desarrollan una actividad agraria significativa, de forma personal y directa y cuya renta depende en un porcentaje apreciable de la misma. De esta forma se evitaría que perceptores ajenos al sector se estuvieran lucrando de los pagos directos de la PAC. COAG propone que un agricultor/a sea considerado activo/a si cumple con la definición de agricultor profesional establecida en nuestro país».

Respecto a la condicionalidad de los pagos directos, la propuesta de la Comisión conlleva la incorporación obligatoria de los requisitos del Greening dentro del paraguas de una condicionalidad reforzada. Lo que no tiene sentido es que se establezca una nueva capa denominada “eco-esquema” que añada complejidad y duplicidad a la labor medioambiental de los agricultores, cargando de más burocracia la gestión. COAG apoya una condicionalidad adaptada a la realidad de las explotaciones agrarias, simplificada en su aplicación por parte de los agricultores con una reducción de la carga administrativa, siempre que exista un reconocimiento y legitimación del esfuerzo adicional que se le está pidiendo a los agricultores/as. «No es de recibo que se planteen mayores exigencias medioambientales y de estándares de calidad y seguridad alimentaria y al mismo tiempo se propongan recortes presupuestarios que, sumados a la pérdida poder adquisitivo por efecto de la inflación, pueden alcanzar el 16,6% en los fondos agrarios para el periodo 2021-2027, incidiendo fundamentalmente en el capítulo de desarrollo rural (-27%, en apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres, modernización de explotación, regadíos, innovación, agroambientales, mejora de infraestructuras, etc..) , pilar básico para los activos profesionales y para el modelo social de agricultura, mayoritario en España y Europa.»

En el epígrafe de ayudas acopladas, «lamentamos el recorte del 15 al 13% en la opción de establecer medidas vinculadas a la actividad, únicas ayudas del primer pilar dirigidas a sectores con dificultades y a los verdaderos activos del sector».

Entre los aspectos positivos de la propuesta, COAG destaca los siguientes:

«Techo de ayudas por explotación. COAG siempre ha apoyado el establecimiento de un techo obligatorio a los pagos directos. Lamentablemente, estas propuestas han acabado frustrándose en anteriores reformas. Valoramos la propuesta de la Comisión Europea de establecer un techo de 60.000 € a los pagos directos (siempre teniendo en cuenta el empleo en las explotaciones).»

«Pago Redistributivo Complementario a la Renta. Valoramos la introducción de un pago redistributivo a la renta para favorecer a las explotaciones del modelo social y profesional de agricultura. Consideramos que es imprescindible que dicho pago se establezca en función de las diferentes gamas de hectáreas que existen en el territorio español, con el fin de evitar transferencias entre diferentes sectores de producción. En cuanto al límite de hectáreas, debería establecerse un mecanismo que evite que esta medida beneficie a los absentistas. Asimismo, la puesta en marcha de este pago debe estar ligada a la instauración de una figura de agricultor activo similar al concepto de agricultor profesional».

«En ese sentido, COAG Andalucía considera que el pago redistributivo debe ser obligatorio para todos los EEMM, y que a él debe destinarse un montante de los fondos de pagos directos adecuado al objetivo que se persigue, que es evitar la concentración de las explotaciones en pocas manos, el abandono de la actividad y el despoblamiento del medio rural».

Sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias. La innovación debe considerarse siempre desde la participación del sector agrario y conforme a sus necesidades de desarrollo. Ha de dirigirse al desarrollo del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en Europa y en ningún caso al fomento de macro-explotaciones y sistemas de integración, que desplazan a los profesionales implantando un modelo de agricultura sin agricultores y hurtan el valor añadido al medio rural y por tanto su desarrollo y bienestar.

«Desde COAG queremos manifestarnos a favor de políticas que fortalezcan el proyecto común de la UE. Apostamos por más Europa, pero mejor Europa. Por eso reivindicamos una PAC que priorice el modelo social y profesional de agricultura como columna vertebral en la construcción europea. El debate sobre el futuro de Europa, es también el debate sobre el futuro de su Agricultura y su Alimentación. Es una cuestión estratégica. Sin Calidad y sin Seguridad Alimentaria, no hay seguridad que valga» ha remarcado Miguel López, Secretario General de COAG Andalucía.