El Tribunal de Cuentas cree que, a tenor del nivel de incumplimientos detectados en los planes para la corrección de los desequilibrios financieros en los ayuntamientos, convendría reforzar los controles establecidos para garantizar que los gastos y el endeudamiento se hacen de forma correcta.

Esa es una de las recomendaciones recogidas en un informe que el presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Un informe en el que se analiza el grado de cumplimiento de los planes para la corrección de los desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los efectos de su aplicación en la estabilidad presupuestaria por los ayuntamientos con población de entre 75.000 y 150.000 habitantes.

Para el Tribunal de Cuentas, es preciso reforzar los controles de los órganos de tutela financiera de las entidades locales para garantizar que la determinación de la capacidad o necesidad de financiación, el gasto computable y el endeudamiento se realice de forma consolidada.

También señala que las entidades locales con planes en vigor deberían establecer los mecanismos precisos para asegurar el seguimiento y control de su ejecución, así como para proceder a la corrección de las desviaciones que pudieran producirse sobre lo planificado.

Los ayuntamientos que presenten ahorro neto o remanente de tesorería para gastos generales negativos o saldos acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, según el Tribunal, deberían sopesar la elaboración y aprobación de un plan de saneamiento, sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas para tales casos en la normativa.

Del mismo modo, este órgano apuesta por que el Estado siguiera impulsando regulaciones legislativas y reglamentarias detalladas del contenido de los planes que deban aprobarse por las entidades locales, así como de la periodicidad y alcance de su seguimiento y control.

Y, asimismo, sería conveniente que se desarrollase normativamente el límite de deuda pública aplicable a cada entidad local.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 53 planes de distinta naturaleza -de ajuste, de saneamiento, de reducción de deuda y económico-financieros-, vigentes en 2014, aprobados por un total de 39 ayuntamientos.

Los planes de saneamiento aprobados, como condición necesaria para concertar el endeudamiento bancario previsto en el real decreto-ley del año 2009, presentaron una baja eficacia, ya que sólo dos localidades -Roquetas de Mar y Torrevieja-, consiguieron reequilibrar el remanente de tesorería para gastos generales.

Destaca el órgano fiscalizador la evolución negativa de los ayuntamientos de Lleida y Parla en el periodo 2012-2015.

Un total de 23 entidades locales tuvieron incidencias en la determinación de la capacidad o necesidad de financiación o del gasto computable en alguno de los ejercicios del periodo 2012-2016.

Conforme a la evaluación de las respectivas intervenciones, 39 de las 53 localidades incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto en algún momento de ese periodo, pero sólo 14 de aquellas aprobaron el preceptivo plan económico-financiero.

En ese mismo periodo, 31 entidades presentaron un endeudamiento excesivo, superior al 75 % de los ingresos corrientes, aunque excepto Algeciras, Huelva, Jaén, Lleida, Mataró y Parla, todas ellas lograron reducir en el ejercicio 2016 su nivel de endeudamiento.