El expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers huidos a Bélgica han anunciado hoy que ha interpuesto una demanda contra el juez Pablo Llarena, coincidiendo con la visita de los nuevos consellers a sus respectivos predecesores en Bruselas y en la cárcel de Estremera.

Puigdemont y los exconsellers ha abierto así un nuevo frente judicial a través de esta demanda civil y, en paralelo, han presentado una petición al Tribunal Supremo (TS) para que Llarena sea recusado.

El equipo de la defensa alega que Llarena, al estar ahora afectado por esa demanda civil, ya no puede seguir con la instrucción del caso del "procés", porque entienden que no puede trabajar en causas contra personas con las que tiene un pleito pendiente.

Uno de los abogados de los demandantes, Christophe Marchand, ha explicado en Bruselas que la petición de la Justicia belga a Llarena será la de comparecer el próximo 4 de septiembre, aunque ha dicho desconocer cuándo recibirá la solicitud el magistrado del TS.

Las dos acciones judiciales en Bélgica y España son consecuencia de que, en su opinión, el juez Llarena no respeta "su derecho a la presunción de inocencia" porque "no es imparcial", ha indicado el exconseller Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de los que están en Bélgica y sus equipos legales.

La exconsellera Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania han participado en la rueda de prensa por videoconferencia.

"No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", ha subrayado el líder del JxCat, que ha evitado contestar a la pregunta de si el cambio de Gobierno podría afectar a su situación jurídica, pues se encuentra pendiente de extradición en Alemania.

También hoy en Bruselas, los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig han escenificado el "traspaso simbólico" de carteras a sus respectivos sucesores: la consellera de Sanidad, Alba Vergés; la de Agricultura, Teresa Jordà; y la de Cultura, Laura Borràs, respectivamente.

En paralelo, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el conseller Ernest Maragall (Exteriores) han visitado en la prisión de Estremera (Madrid) a sus antecesores Oriol Junqueras y Raül Romeva, respectivamente, acompañados por la nueva titular de Justicia, Ester Capella.

En principio estaban previstas las visitas de ocho consellers catalanes a sus antecesores encarcelados, pero al final solo han podido hacerlo esos tres, porque el Ministerio del Interior no ha autorizado, "por motivos burocráticos", la presencia del resto.

Con estas visitas, los nuevos miembros del Govern catalán pretendían hacer el traspaso de carteras, que ha sido simbólico, porque han conversado con los encarcelados con una mampara de por medio, lo que ha criticado Aragonès a la salida del centro penitenciario.

Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha dicho que los exconsellers en Bélgica buscan "liarlo todo un poco más" con la demanda contra el juez Llarena y ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no se someta mañana a la sesión de control parlamentario durante el pleno.

Lo que sí hará Torra es comparecer ante el Parlament para explicar la composición de su Govern, en el primer pleno de la legislatura en el que los nuevos consellers ocuparán la primera fila del hemiciclo, reservada para el ejecutivo.

La colocación de lazos amarillos en ese espacio sigue siendo objeto de polémica entre los grupos, que no han logrado hoy alcanzar un acuerdo unánime en la Junta de Portavoces, ya que los independentistas quieren dar libertad al Govern para que exhiba lo que desee y la oposición cree que esa zona debería quedar libre de símbolos.