Los portavoces de Asuntos Exteriores de todos los grupos parlamentarios han denunciado la "persecución y hostigamiento" que sufre el partido Ciudadanos por la Innovación en Guinea Ecuatorial y han pedido a la comunidad internacional que intervengan en favor de los partidos de la oposición.

El comunicado firmado por PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y PNV pide que se exija de manera oficial al Gobierno de Guinea Ecuatorial "respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas y a las normas elementales de la democracia".

El partido Ciudadanos por la Innovación (CI) ha sido declarado ilegal por un tribunal ecuatoguineano, que ha condenando a 36 enjuiciados en el macro proceso de Mongomo a 26 años de cárcel, detalla el comunicado.

El denominado proceso de Mongomo supuso la detención de 147 militantes del partido CI por unos supuestos disturbios en la localidad de Aconibe, el día 5 de noviembre, siete días antes de las elecciones legislativas del 12 de noviembre.

"Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto durante las sesiones del juicio, la inmensa mayoría de detenidos y condenados ni siquiera estuvieron en aquella localidad, y el único motivo de su detención fue su militancia en CI", afirma el texto suscrito por los portavoces parlamentarios.

Los diputados aseguran que distintas fuentes no gubernamentales, partidos políticos de la oposición y la propia defensa de los acusados han denunciado la "falsedad de los hechos por los que han sido enjuiciados los militantes de CI y consideran que es un acto de hostigamiento sin precedentes a la oposición democrática de Guinea Ecuatorial".

Para los grupos parlamentarios, "esta sentencia pone de manifiesto, una vez más, la grave situación que viven en Guinea Ecuatorial los militantes y dirigentes de los partidos de la oposición al régimen guineano".

Por eso, estiman que las "dificultades para la participación política, la falta de libertades y las constantes vulneraciones de los derechos humanos siguen una deriva muy preocupante", que obligan a la comunidad internacional a exigir al Gobierno de aquel país respeto a los derechos humanos, a las libertades públicas y a las normas elementales de la democracia.