El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha emplazado al Gobierno a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para "quitar al PP la llave de paso sobre el déficit en el Senado", en alusión a la capacidad de este partido de vetar una propuesta de este tipo en la Cámara Alta.

En declaraciones a Efe, Aragonès ha hecho esta propuesta para lograr que Cataluña disponga de un margen de déficit acorde con el peso que tiene sobre el gasto.

Aragonès asegura que el límite de déficit fijado para 2019, que es del 0,1 % del PIB, resulta "insuficiente" y que, como mínimo, Cataluña debería disponer de un 0,3 %, la senda de déficit planteada por el Ejecutivo del PSOE, que no superó a finales de julio el trámite del Congreso.

"Lo que no puede hacer el PSOE es plantear una política económica diferente al PP y mantener en manos de este partido la llave de paso de un cambio en la flexibilización del déficit", ha argumentado el responsable económico de la Generalitat.

"Lo que debe hacer el Gobierno del PSOE es quitarle la llave de paso al PP en el Senado", ha considerado Aragonès, que ha opinado que una propuesta de reforma en ese sentido "tendría los apoyos" necesarios para salir adelante.

Por otra parte, el conseller ha asegurado que, tras las reuniones mantenidas en julio con la vicepresidenta Carmen Calvo y con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, espera verse "en septiembre" con la ministra de Economía, Nadia Calviño, aunque ha precisado que aún no hay fecha definitiva para la reunión.

Preguntado por las más de 4.000 compañías catalanas que han trasladado sus sedes sociales a otras partes de España, ha asegurado que la Generalitat está "en reuniones permanentes con empresas de todo tipo".

"A todas ellas les remarcamos la importancia y la oportunidad de que su sede social esté en Cataluña", ha dicho, si bien ha recordado que ese cambio no ha comportado pérdidas de empleos ni de "sedes productivas".

El conseller ha criticado "el alarmismo y el catastrofismo" generado en el último trimestre del año pasado a propósito de estos cambios de sedes sociales, aunque al mismo tiempo ha opinado que "si este traslado (de domicilios sociales) se mantiene en el tiempo, puede haber aspectos relacionados con los servicios centrales (de esas empresas) que se pueden desplazar" a otras partes de España.

A la pregunta de si también ha habido contactos con empresas del IBEX, el principal índice de la Bolsa española, el conseller ha dicho que están "en permanente contacto con muchas de estas empresas".

Respecto a si hay buena predisposición para que algunas de estas empresas den el paso de volver a traer su sede social a Cataluña, se ha limitado a comentar: "Lo deben decir ellos. Son decisiones corporativas. Sería irresponsable por parte mía que las avanzara, porque si avanzara alguna decisión, la estaría abortando".

Por otra parte, Aragonès ha recordado que las deudas pendientes del Estado suman 7.600 millones, incluyendo cuestiones como las deudas relacionadas con la disposición adicional tercera del Estatut, entre otros conceptos.

El conseller ha asegurado que está "en manos" del Gobierno que haya "avances" en este ámbito, ya que estas deudas no requieren "de un cambio legal", sino que "se cumpla con la lealtad prevista en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

En cuanto a la decisión del Govern de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) , Aragonès lo ha justificado con el argumento de que este foro no es en realidad multilateral, ya que el Gobierno tiene la mayoría de los votos.