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'Herrera en COPE'

"La muerte de Inocencio fue violenta. Deben perseguir a los responsables"

"Llevaba 12 horas trabajando y ya había sufrido las consecuencias de los ataques por parte de radicales", aseguran desde el sindicato de la policía autonómica

 
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Roberto Seijo, secretario general del Sindicato ERNE de la Ertzaintza, ha explicado este viernes en ‘Herrera en Cope’ que el triste fallecimiento de Inocencio Arias García, de 50 años, tras sufrir un infarto durante los incidentes que se produjeron entre los hinchas del Athletic Club y del Spartak de Moscú es “una muerte violenta”. Según ha manifestado, “Inocencio llevaba allí más de 12 horas trabajando, ya había sufrido las consecuencias de los ataques directamente hacia la policía, hacia la ertzaintza por parte de los radicales. No muere sentado en una silla, en una furgoneta, muere en el transcurso de esos incidentes”, ha aclarado.

Por ello, Seijo ha señalado que los autores de esta muerte violenta “tienen que ser perseguidos” penalmente. Según ha dicho, las fuerzas de seguridad “deberían tener fichados a los hinchas”, al menos a los del Athletic, pues “para eso está la policía y los servicios de inteligencia”.

También ha urgido que se adopten “medidas políticas” para que esos grupos “no solo no entren en los campos de fútbol, que siguen entrando, sino que en un momento dado no puedan” comprar material pirotécnico, armas blancas u otras herramientas para producir daño. Y es que, como ha señalado, todo ese material les ha sido intervenido junto con bolsas llenas de piedras. “Aquí todo el mundo cierra los ojos y sigue todo igual”, ha apuntado, exigiendo que se depuren “responsabilidades políticas”.

“Bilbao lleva 7 años incidente sobre incidente de aficiones de equipos y ya llevamos dos muertes violentas”, ha reprochado el portavoz del sindicato, que también ha añadido que la identidad de los “líderes de estos grupos radicales se sabe” y aún así “se les permite seguir viajando” para ir a los partidos.

Por último, ha señalado que los policías son víctimas de continuas "faltas de respeto" por parte de ciertos grupos de ciudadanos y que en determinadas ocasiones se sienten abandonados por parte del Poder Judicial, especialmente "de la Fiscalía", encargada de ejercer la acusación pública.

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