El que fuera número dos del Gobierno andaluz durante 15 años, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, ha defendido hoy que "había regulación" para las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que concedía la Junta investigadas en el caso ERE.

Zarrías fue consejero de Presidencia del 1988 al 1990 y entre 1995 y 2009 y se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, acusados de crear o mantener un "procedimiento específico" por el que durante una década (2001-2011) se repartieron 850 millones en ayudas presuntamente de forma arbitraria y eludiendo el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

Como consejero de Presidencia, Zarrías presidía las reuniones semanales de los viceconsejeros que preparaban los asuntos que luego trataba en el Consejo de Gobierno, del que formó parte durante 15 años, 13 de ellos bajo la presidencia de Manuel Chaves con el que ahora comparte banquillo de acusados.

A preguntas del fiscal ha asegurado que "tenía clara conciencia de que había regulación" para las ayudas sociolaborales que daba la Consejería de Empleo y cuya existencia era "pública y notoria".

Ha mencionado la Ley de Hacienda que regulaba las subvenciones, los presupuestos anuales de la Junta en los que aparecían, un decreto de 2001 que firmó él que regulaba todas las ayudas de la Junta -incluidas las "excepcionales" que no requerían "concurrencia ni publicidad"- y "con carácter supletorio" las órdenes estatales de 1994 y 1995 sobre ayudas excepcionales y para prejubilaciones.

Sin embargo cuando el fiscal le ha preguntado si alguna de esas normas regulaba específicamente ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por ERE, se ha limitado a decir: "Regulaban subvenciones y yo considero sinónimos ayuda y subvención".

El fiscal le ha interrogado mucho sobre cómo los ciudadanos podían enterarse de que existían esas ayudas y de sus requisitos y aunque Zarrías ha insistido en que era una política del Gobierno andaluz "pública y notoria", ha acabado indicando: "No es un tema en el que yo participara y no le puedo concretar", aunque ha aludido a su conocimiento por los sindicatos.

Ha insistido en que se daban ante situaciones "excepcionales" que ha comparado con el terremoto de Lorca, donde "no había un cartel que dijera en caso de terremoto puede acudir a esta ayuda".

Ello ha llevado al fiscal a preguntarle si más de 270 ayudas durante 10 años siguen siendo excepcionales, a lo que ha respondido que desconoce los "beneficiarios" y "circunstancias" de todas pero las que él conoció obedecían todas a situaciones excepcionales.

Ha dicho desconocer el "procedimiento" que usaba Empleo para pagarlas a través de la agencia pública IDEA -con fondos que le transfería-, su fiscalización o los reparos de la Intervención a lo "inadecuado" de ese sistema.

En la segunda parte del interrogatorio, por la tarde, el fiscal se ha centrado en su mediación ante conflictos laborales de empresas de Jaén, provincia por la que fue diputado 27 años, y Zarrías ha admitido múltiples reuniones con comités de empresa que pedían a la Junta que buscara "soluciones" pero "nunca" le hablaron específicamente de las ayudas de los ERE ni le pidieron interceder ante Empleo para que agilizara su pago o cumpliera sus compromisos.

El fiscal le ha exhibido un fax enviado en 2007 por el comité de Primayor al director de Trabajo Javier Guerrero apuntando a la intervención del consejero de Presidencia con el de Empleo para resolver "temas pendientes" sobre el cobro de nóminas.

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Zarrías lo ha justificado por "el uso en vano" que se hacía del "nombre del consejero de Presidencia e incluso del presidente" y ha asegurado: "Nunca le he dicho al consejero de Empleo que pague las nóminas de nadie".

En el marco de estas reuniones por conflictos laborales en Jaén conoció al sindicalista Juan Lanzas, el llamado "conseguidor" de los ERE que estuvo en prisión, y también se reunió con la familia Ruiz Mateos por su proyecto de implantar una fábrica de precocinados de Dhul, a quienes "se les explicó el tipo de ayudas que podían solicitar como cualquier empresa que se instalaba en Andalucía".

A preguntas de su abogado, Zarrías ha negado que le consten prejubilados "intrusos" en ERE subvencionados de empresas de Jaén como Santana o Andrés Molina y que en sus 15 años en la Junta "nunca" recibió ninguna alerta de que se estuviera cometiendo "algún delito" con esas ayudas.