El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado hoy que condena cualquier acto que constituya enaltecimiento del terrorismo o pueda herir la sensibilidad de las víctimas pero ha indicado que los tribunales no prohibieron el acto del pasado sábado en homenaje a Txabi Etxebarrieta, autor del primer asesinato de ETA.

Urkullu ha respondido así en el pleno de control de hoy al parlamentario del PP Carmelo Barrio que ha censurado el acto celebrado el sábado en Tolosa (Gipuzkoa) en el que se homenajeó a Etxebarrieta en el mismo lugar donde murió por disparos de la Guardia Civil horas después de haber acabado con la vida del agente de este cuerpo José Antonio Pardines.

Barrio ha calificado de "insulto público" que se recuerde públicamente la "trayectoria de un asesino" y ha pedido su opinión al lehendakari.

Urkullu ha remarcado que él condena cualquier acto que constituya un enaltecimiento del terrorismo o pueda herir la sensibilidad de las víctimas, pero también ha dejado claro que son los tribunales quienes autorizan o prohíben esos actos.

"El acto de Tolosa fue judicialmente analizado y sometido a seguimiento por mandato judicial. No se produjo prohibición previa ni hasta el momento se han tomado medidas judiciales", ha indicado Urkullu.

El lehendakari ha asegurado que el recuerdo del 7 de junio de 1968, día en el que Etxebarrieta asesinó a Pardines y después fue abatido por la Guardia Civil, es el de un "día triste, trágico y dramático".

Ha subrayado que la "violencia no es el camino" y que como no se puede cambiar el pasado lo importante es tener una "memoria crítica" que permita reconocer "lo que no debe volver a repetirse".

Así ha subrayado que el compromiso de su gobierno es con las víctimas y ha afirmado que el pasado miércoles remitieron al Parlamento el informe "El derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo", un estudio elaborado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por encargo del Ejecutivo Vasco, que, ha dicho, espera que no sea cuestionado.

En este informe la AVT cifra en 252 los asesinatos cometidos por ETA en la Comunidad Autónoma Vasca cuyos autores materiales no han sido condenados por los tribunales de justicia.

Urkullu ha enmarcado este estudio en la voluntad del su gobierno de "contribuir a la verdad en casos sin resolución judicial completa, especialmente en aquellos de muy improbables resolución por el tiempo transcurrido".

El primer informe aborda tres casos, el de Pardines, y los del policía nacional Joaquín Ramos Gómez y el guardia civil Antonio Hernández Fernández-Segura, asesinados por ETA en 1978 y 1977, respectivamente.

"El Gobierno Vasco trabajará para entregar a cada familia un documento con la información disponible y un reconocimiento de la injusticia radical e injustificada que sufrió provocada por el terrorismo de ETA", ha resumido Urkullu.

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El lehendakari ha añadido que harán un "trabajo similar" con las víctimas de otros terrorismos en casos sin resolución judicial completa.