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JUSTICIA CATALUÑA

El TSJC admite que sus relaciones con el Govern no fueron "cordiales" en 2017

Barcelona, 8 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admite en su memoria anual de 2017 que sus relaciones con el departamento de Justicia de la Generalitat no fueron "fluidas" ni "cordiales" durante la segunda mitad de 2017, coincidiendo con el semestre del referéndum ilegal del 1-O.,En la memoria del TSJC, el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, apunta que en 2017 ocurrieron dos fenómenos que "impactaron" sobremanera en la actividad judicial de

  • Agencia EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admite en su memoria anual de 2017 que sus relaciones con el departamento de Justicia de la Generalitat no fueron "fluidas" ni "cordiales" durante la segunda mitad de 2017, coincidiendo con el semestre del referéndum ilegal del 1-O.

En la memoria del TSJC, el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, apunta que en 2017 ocurrieron dos fenómenos que "impactaron" sobremanera en la actividad judicial de Cataluña: los atentados terroristas de los días 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), y el proceso unilateral a la independencia, que ha generado "centenares" de causas judiciales.

En un contexto en el que las relaciones con el Govern no fueron ni "fluidas" ni "cordiales", el TSJC remarca en el documento que el pasado año no se celebró la comparecencia anual del presidente del alto tribunal catalán ante la Comisión de Justicia en el Parlament debido a "los singulares avatares políticos" de la cámara.

El informe también señala que hubo una única reunión de la Comisión Mixta de la Sala de Gobierno del TSJC y el departamento de Justicia de la Generalitat, celebrada el 2 de mayo de 2017.

De hecho, el presidente del TSJC acordó en los días posteriores al 1-O ceder la vigilancia de la sede del alto tribunal catalán a la Policía Nacional, para "preservar la integridad del Poder Judicial" ante una eventual independencia, si bien la devolvió a los Mossos d'Esquadra el 30 de noviembre, al contenerse los riesgos de "alteración de la legalidad constitucional".

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