Los trabajadores de la empresa cárnica investigada de Santa Ponça, en el municipio mallorquín de Calviá, han declarado a la Policía que llegaban a realizar jornadas laborales de hasta 84 horas semanales, por lo que percibían de 1.000 a 1.200 euros mensuales, sin pagas extras.

Además, según estos empleados, algunos en activo y otros extrabajadores, no tenían derecho a vacaciones o bien eran limitadas.

Otras irregularidades detectadas por la Policía fueron despedidos improcedentes por acogerse a bajas laborales debido a accidentes ocurridos en la misma empresa o por una enfermedad diagnosticada u obligar a un trabajador a emplear vehículos que no estaban en condiciones de circular para transportar el género.

La Policía Nacional puso en marcha este pasado martes la Operación Pork, que ha supuesto la detención de cuatro personas de una misma familia de la empresa Cárnicas Luis como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, falsedad documental y estafa.

Los arrestados han sido puestos en liberad con cargos tras declarar en dependencias policiales.

"Las víctimas", debido a sus necesidades económicas y personales y por miedo a perder su única fuente de ingresos, "se veían obligadas a aceptar las condiciones laborales impuestas por la empresaria y el encargado", afirma la Policía en el comunicado hecho público hoy.

También se investiga si la empresa ha estafado a clientes y empresas de restauración al vender productos cárnicos de alta calidad cuando, en realidad, era inferior.

La investigación policial comenzó en enero pasado y, a raíz de los testimonios de los empleados, la Policía se dirigió a la Conselleria de Salud del Govern balear ante la posibilidad de que existieran "serias deficiencias" higiénicas.

La conselleria ya había realizado en diciembre pasado cinco inspecciones para esclarecer estos hechos. Los inspectores de Consumo detectaron que se elaboraba y distribuían productos sin disponer de autorización en el caso de carne despiezada y hamburguesas, gran cantidad de productos caducados y carne fresca congelada sin etiquetaje y productos con etiquetas del proveedor eliminadas y falsificadas con nuevas fechas y registros.

Ante estos hechos, la Conselleria de Salud adoptó medidas cautelares como la inmovilización de 2.000 kilogramos de género para su destrucción, intervino máquinas de vaciado, una etiquetadora, prohibió algunas actividades y abrió un expediente sancionador.

En la inspección policial y de técnicos de Consumo del Govern balear del pasado martes se localizó "nuevamente" género en mal estado, en algún caso del año 2016.

En esta operación ha colaborado la Policía Local de Calviá para la inspección de los nueve vehículos de la empresa, de los que seis no habían pasado la ITV.