El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la comisión creada para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales, lo que a juicio de este colectivo impedirá que la ley, actualmente paralizada, pueda entrar en vigor.

Según ha trascendido hoy, los gobiernos central y vasco han llegado a un acuerdo para retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional que había presentado el anterior Ejecutivo del PP contra la llamada ley vasca de víctimas policiales.

El delegado del Gobierno en el País Vasco ha explicado que se introducirán modificaciones "muy importantes" para centrar el "reconocimiento y reparación" de estas víctimas en el ámbito meramente administrativo y ubicar la actuación de las administraciones vascas dentro de la "asistencia social", sobre la que tiene competencias.

No obstante, un "grupo de trabajo" que agrupa a sindicatos de la Policía Nacional, asociaciones de la Guardia Civil y varios colectivos de víctimas del terrorismo rechazan que se retire el recurso contra esta ley.

Con el fin de impedirlo, el secretario general del SUP ha presentado un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV, en el que se rechaza la resolución del pasado 12 de junio del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, por el que se hizo pública la identidad de las personas que componen la comisión de valoración creada en virtud de esta ley.

Los integrantes de esa comisión serían los encargados de "analizar y valorar" los casos de posibles víctimas de abusos policiales que cuenten con algún tipo de resolución judicial o administrativa que así lo demuestre, según explicó Fernández.

Sin embargo, para el SUP y el resto de colectivos que apoyan este recurso esto "es una cuestión de relato", porque no se puede considerar víctimas de abusos policiales a todos aquellos que hayan denunciado torturas, ha indicado a Efe Mariano Rodado.

A su juicio, si prospera esta iniciativa no se podría retirar el recurso de inconstitucionalidad pese al acuerdo al que han llegado ahora los gobiernos central y vasco porque estaría pendiente de resolver esta demanda contra la citada comisión de valoración.

Junto al SUP, apoyan este recurso los sindicatos policiales CEP, UFP y SPP, los de la Guardia Civil AUGC, UGC y Aprogc, y las asociaciones de víctimas Covite, Acfsevt (que agrupa a víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y Aserfavite (de la Ertzaintza).