La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPLJ) ha denunciado hoy el "desamparo" sufrido por la secretaria del juzgado de Barcelona que investiga el 1-O, al haberse difundido sus datos personales e ideología, sin que, a su parecer, el Ministerio de Justicia la haya apoyado.

Los letrados progresistas han hecho público hoy un comunicado para "acompañar" a la secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y a su familia en la "soledad" que haya podido sentir al haberse publicado su identidad y sus afinidades ideológicas cuando fue citada como testigo en la causa que instruye el Supremo por el proceso independentista.

Precisamente, la defensa de varios cargos investigados por el 1-O han recusado a la secretaria -que tras el registro que la Guardia Civil practicó el 20 de septiembre pasado en la conselleria de Economía salió del edificio por la azotea ante la gran cantidad de manifestantes agolpados en la puerta-, al cuestionar su imparcialidad por haberse publicado que sigue en Facebook a páginas web españolistas.

En su comunicado, la UPSJ apoya tanto a la secretaria del juzgado de instrucción 13 como a la letrada del juzgado de instrucción número 3 de Benidorm, cuya imagen se difundió cuando la semana pasada practicó varios registros enmarcados en la operación Erial, en que fue detenido el exministro del PP Eduardo Zaplana.

Para la UPSJ, con ese tipo de actuaciones "se está afectando de forma flagrante a nuestros derechos a la intimidad e integridad incluso física, a través de la exposición y difusión de datos e imágenes que nos identifican y ponen en situación de total desamparo, riesgo y desprotección".

El comunicado reprocha al Ministerio de Justicia, que dirige en funciones Rafael Catalá, que no haya adoptado las medidas necesarias para "intervenir ante semejantes y flagrantes vulneraciones" y que no haya hecho pública "ni una muestra de apoyo, ni una sola comunicación o noticia" a los secretarios afectados.

Por eso, la asociación exige al nuevo equipo del Ministerio de Justicia que "asuma su responsabilidad y adopte las medidas conducentes a que estos hechos no vuelvan a repetirse, dando protección a todos los letrados de la administración de justicia que actúan en el ejercicio de sus funciones, en absoluta situación de desamparo y de riesgo tanto para ellos como de forma indirecta para sus familias".