(Actualiza la NP3012 con más datos)

Los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina han declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que no recibieron "ninguna alerta" de irregularidades en las ayudas sociolaborales investigadas y cuya gestión correspondía al director de Trabajo.

Ambos se enfrentan a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en un juicio en el que son procesados junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que el Gobierno andaluz repartió entre 2001 y 2011 más de 850 millones en ayudas de forma presuntamente arbitraria y para eludir el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

Por la Secretaría General Técnica de Empleo pasaban los presupuestos de las distintas áreas de la Consejería, repartidos por programas (entre ellos el destinado a las ayudas investigadas) y las modificaciones presupuestarias que la Dirección General de Trabajo proponía para dotar de más fondos al programa de las ayudas.

Pero tanto Aguado como Medina han insistido en que su función era de mera tramitación y era la Dirección General de Trabajo quien tomaba toda decisión sobre cómo se presupuestaban las ayudas -que pagaba la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación- y proponía las modificaciones presupuestarias y que todo ello constaba en las Leyes de Presupuesto aprobadas por el Parlamento.

Ninguno conoció los informes de la Intervención con reparos por el "uso inadecuado" de transferencias de financiación a IDEA para pagar las ayudas y "nadie" de "ningún sitio" les indicó "la más mínima sospecha" por las modificaciones presupuestarias que se hacían para dotar de más fondos al programa de esas ayudas.

Aguado ocupó el cargo de 1994 a 2000 y de nuevo de 2004 a 2008, cuando le sucedió Lourdes Medina, procedente de la Fundación Faffe y hasta 2012.

Medina no ha ratificado su declaración de enero de 2014 ante la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, porque "el acta no recoge de manera firme lo que yo dije".

En su declaración ha dicho que el consejero distribuye el presupuesto entre los directores generales que componen la consejería "y no se discute, se respeta o te vas" si bien la gestión que cada Dirección General hace de su presupuesto es su competencia y la Secretaría General Técnica no podía "dar órdenes" ni "controlar" o "supervisar" a un director general.

"Los directores generales son los que conocen la finalidad de sus créditos y son quienes los tienen que gestionar", ha insistido, si bien ha señalado que en el caso de los fondos que se enviaban a IDEA para pagar las ayudas investigadas, su destino venía en la Ley de Presupuestos que aprobaba el Parlamento y antes de su llegada al cargo habían aparecido contabilizados de la misma manera siete años.