Sociedad Civil Catalana (SCC) ha mostrado hoy su apoyo a los jueces que mantienen abiertas investigaciones sobre el 1-O, ante los "ataques injustificados" que creen que han sufrido junto a sus familias por parte de grupos que muestran un "total desprecio" a los derechos fundamentales.

En un comunicado, SCC ha expresado su "máximo respeto" por la labor que desempeñan los jueces y tribunales en España y ha denunciado el "abuso se funciones" que creen que cometió el Consejo de la Abogacía Catalana al calificar de "inconveniente y desproporcionada" la prisión provisional adoptada para los líderes del proceso unilateral hacia la independencia.

En la nota, SCC rechaza el comunicado que los Colegios de Abogados de Cataluña difundieron el pasado 26 de marzo en contra de la prisión preventiva de los líderes soberanistas y exigiendo que respetasen sus derechos políticos.

"La expresión y difusión de opiniones críticas sobre resoluciones judiciales no es función que corresponda, ni legal ni estatutariamente, a los colegios profesionales de abogados ni a los consejos que los agrupan, máxime cuando tales críticas responden a un determinado posicionamiento ideológico no compartido por buena parte del colectivo profesional", advierte SCC.

Según Sociedad Civil Catalana, atribuir a la magistratura la "judicialización de la política" por el mero hecho de que existan causas abiertas contra los líderes del "procés" es "tanto como defender una suerte de privilegio de impunidad para la clase política que resulta, a todas luces, trasnochado y claramente atentatorio contra el derecho fundamental a la igualdad".

En su comunicado de marzo pasado, el Consejo de la Abogacía Catalana resaltaba el papel que ha tenido la magistratura en el desarrollo de la Democracia en España, pero pedía que la política "deje de ser judicializada" y que nadie haga "un uso o abuso del derecho que divide a la sociedad y no ayude a la convivencia ni a una solución generosa y pacífica del problema".

Los decanos de los colegios de abogados de Cataluña exigían además que se respete la presunción de inocencia y se garantice el derecho de defensa y que los políticos elegidos por la sociedad "puedan ejercer sus legítimos derechos civiles de representatividad política, por respeto a ellos mismos y a los que les han votado".

Además, sostenían que la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de enviar a prisión a varios miembros de la cúpula del proceso unilateral hacia la independencia es "inconveniente y desproporcionada" porque no aprecian que se haya cometido el delito más grave: "sin violencia no hay rebelión".

Por el contrario, SCC advierte de que pronunciamientos como el del Consejo de la Abogacía Catalana suponen un "abuso de funciones", ya que este tipo de alegatos correspondería adoptarlos a los abogados defensores de los imputados, ya que lo contrario supone una "clara desigualdad" con el resto de presos preventivos "que pueblan las prisiones españolas".