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CORRUPCIÓN AYUNTAMIENTOS

Registro en Ayuntamiento de San Andrés (León) acaba con detención portavoz Cs

El portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), Juan Carlos Fernández, ha sido detenido hoy por la Policía Nacional, en el marco de la Operación Enredadera, que investiga el presunto amaño en la contratación de servicios de tráfico y gestión de multas en varios municipios.

  • Agencia EFE

El portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), Juan Carlos Fernández, ha sido detenido hoy por la Policía Nacional, en el marco de la Operación Enredadera, que investiga el presunto amaño en la contratación de servicios de tráfico y gestión de multas en varios municipios.

La detención se ha producido después de que la Policía procediera a llevarse numerosas cajas con documentación en el registro en el Ayuntamiento de San Andrés.

En torno las 16.20 horas, la alcaldesa, la socialista María Eugenia Gancedo, abandonaba la casa consistorial en dirección a Comisaría para firmar varios requerimientos pero sin estar detenida, según ha explicado su abogado, Fernando Rodríguez Santocildes.

Además, en el Ayuntamiento de Villaquilambre, también en el alfoz de la capital leonesa, se ha llevado a cabo otro registro que ha concluido poco antes de las 14.00 horas, cuando el alcalde, Manuel García, ha abandonado la casa consistorial en un coche policial junto a la concejala Mónica Varon y un técnico sin que haya trascendido cual es su situación judicial.

En la provincia de León los registros se han extendido a los ayuntamientos de la capital y Astorga.

Un juzgado de León investiga una pieza separada de esta trama en la que han sido arrestados el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación provincial.

Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

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