El único de los investigados en la Operación Campeón que se negó a llegar a un acuerdo con la Fiscalía y propició la celebración del juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Lugo, el empresario Javier Rodríguez, ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia que lo condenó a trece años de prisión y a pagar una multa de 2,5 millones de euros.

El abogado que se encarga de su defensa, José Luis Fiuza, ha presentado recurso de casación ante el Supremo por vulneración de derecho constitucional y quebrantamiento de forma, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

Entiende que la intervención de las conversaciones telefónicas de su cliente no estaba justificada y que la causa tendría que haber sido dirimida por un jurado popular.

Además de la multa económica, Javier Rodríguez -socio de Proitec- fue condenado a cuatro meses de prisión por fraude en subvenciones en grado de tentativa y a otros nueve meses de reclusión por el mismo delito, pero en este caso consumado.

La Operación Campeón saltó a la opinión pública en el año 2011, cuando se practicaron las primeras detenciones en relación con un supuesto fraude para la obtención de subvenciones públicas, con el empresario lucense Jorge Dorribo -uno de los propietarios de Laboratorios Nupel- en el epicentro de la trama.