El expresidente del Govern Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn sabían "sobradamente" que en la jornada del referéndum habría una "escalada de violencia", ya que habían sido advertidos de ello por los Mossos en una reunión.

Así lo afirma el juez del Supremo Pablo Llarena en el auto en el que los procesa por rebelión, donde relata que el 28 de septiembre, tres días antes del referéndum, los máximos responsables de los Mossos se reunieron con los tres responsables del Govern.

En el encuentro les informaron de que, "si bien había imperado hasta entonces un pacto tácito de no violencia, la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas (entre ellos el comité de defensa del referéndum, estudiantes, bomberos, etcétera), hacían prever una ruptura respecto a situaciones pasadas y una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento", por lo que lo que aportaba seguridad "era eludir la votación del 1-0".

Ello indica, para el juez, que "los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia", en vista de los enfrentamientos ocurridos ocho días antes, el 20 de septiembre, en la Consejería de Economía durante el registro judicial a su sede.

"Pese a ello, la decisión de los miembros del Gobierno fue de que la votación había de celebrarse", añade el juez en el apartado del auto de procesamiento dedicado a la actuación del ejecutivo de Puigdemont.

Así, explica cómo después de la reunión de coordinación policial las entonces consejeras de Enseñanza Clara Ponsatí y de Trabajo Dolors Bassa asumieron la dirección de los centros escolares y cívicos para ofrecer locales para celebrar la votación.

El juez, en línea con los informes de la Guardia Civil, cifra en 1,6 millones de euros el dinero público que, según han probado las investigaciones, se usó el 1-O.

Pero la actuación de los integrantes del Govern procesados se remitió a mucho antes. Llarena cita el momento en que firmaron la convocatoria del referéndum y cómo siguieron luego adelante con el proceso "pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias" anteriores.

El magistrado cree que los órganos ejecutivos de la Generalitat "continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de Estado (...), así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía".