La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha destapado un fraude de siete millones de euros por la comercialización de productos electrónicos procedentes de China, en una operación desarrollada en varias provincias y que se ha saldado con 28 detenidos, la mayoría de nacionalidad china.

Fuentes policiales han indicado que la organización, que operaba desde 2013, importaba las mercancías y declaraba por ellas en Aduanas un valor inferior, con el consiguiente fraude a Hacienda.

Los agentes han llevado a cabo una treintena de registros, entre ellos en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en un operativo, bautizado como Sumatra, que está dirigido por el juzgado de instrucción número cuatro de Móstoles.

Uno de los registros se ha efectuado en la empresa del principal, responsable de la organización delictiva y en todos ellos los agentes han intervenido alrededor de un millón de euros en efectivo y abundante documentación, han indicado fuentes de la investigación.

Los investigadores han utilizado en los registros perros adiestrados en la detección de dinero.

Quince de los detenidos han sido arrestados en Madrid, cuatro en Illescas (Toledo), tres en Xátiva (Valencia), dos en Barcelona y uno en Zaragoza, Málaga, Alicante y Pontevedra.

La investigación está centrada en una organización dedicada a la importación de mercancías procedentes de China, con destino a España, minusvalorando lo declarado a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública tanto en los derechos de importación, en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.

La organización, que controla tanto la producción en China como la posterior comercialización de los productos en Europa, está especializada en el sector de la electrónica (pilas, accesorios para móviles, etcétera) e iluminación (Leds, halógenos, tubos fluorescentes, etcétera), que comercializaba muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas físicas como virtuales.

Además, los agentes detectaron la existencia de ventas ocultas para las que la organización disponía de una red de comerciales distribuidos por la geografía española que se encargaban de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapaba del control de la Hacienda Pública.

Así, los delitos investigados son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició a mediados de 2017 gracias a un denuncia presentada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Una vez abiertas las diligencias se unió a las pesquisas la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.