Los peritos de la Dirección General de Seguros han confirmado hoy ante la jueza instructora del caso ERE, María Núñez, que las comisiones cobradas por mediadoras en la tramitación de los ERE subvencionados por la Junta superaron la media si bien la ley no limita el porcentaje que pueden cobrar.

Los peritos han declarado hoy como testigos en el marco de la pieza que investiga a responsables de sindicatos, aseguradoras, mediadores por el cobro de sobrecomisiones en la tramitación de las prejubilaciones subvencionadas con ayudas de la Junta y que la Dirección de Seguros del Ministerio de Empleo cifró en 66 millones en un informe enviado en el 2014 a la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, que posteriormente Núñez les pidió ampliar.

Los peritos de la Dirección de Seguros señalaron en su primer informe que las comisiones pagadas en los ERE subvencionados por la Junta eran superiores a la comisión de referencia en estos trámites, que situaron en un 2 % entre el 2001 y el 2011 (el periodo investigado en el caso ERE) y Núñez les pidió que ampliaran su informe para detallar cómo habían calculado que esa era la comisión media.

En ese informe ampliado, los peritos aportaron comparativas de lo cobrado por cuatro aseguradoras y tres mediadoras en ERE sin financiación pública, con subvenciones públicas de distintas administraciones y los que recibieron ayudas de la Junta y concluyeron que en algunos casos las mismas mediadoras cobraron un 80, un 90 y hasta un 550 % más por su labor en ERE subvencionados por la Junta que en otros.

También señalaban que "el importe de las comisiones de mediadores no está tasado por ley" y "es el mercado libre el que fija los precios".

En la sesión de hoy han ratificado ante Núñez ese informe y han confirmado que las comisiones de los ERE financiados por la Junta superaban la media y ello perjudicaba al tomador -los trabajadores prejubilados-, según han informado a Efe algunos abogados presentes en su declaración.

Otros letrados de la causa han explicado a Efe que los peritos han subrayado que no existe base jurídica para determinar que a partir de un porcentaje de comisión se incumpla la ley porque no está regulado sino que hay libre mercado.

Asimismo han señalado que en la información para su informe de cuatro aseguradoras -Generali, BBVA Seguros, Mapfre y Vida Caixa- y tres mediadoras -Aon Gil y Carvajal, Mercer Consulting y Willis Iberia- no han tenido analizado la actividad que realizaron, una información que han solicitado ahora.

El exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín -investigado en la pieza- envió un escrito al juzgado señalando ese déficit del informe pericial y aportando la labor de su entidad en los ERE financiados por la Junta, y la aseguradora Generali remitió un informe con las comisiones cobradas en ERE subvencionados por otras administraciones autonómicas.

Algunas defensas de acusados en esta pieza han anunciado que van a solicitar a la jueza que pida a la Dirección General de Seguros un informe complementario que tenga en cuenta ambos aspectos y analice de forma específica las comisiones cobradas por las compañías que intervinieron en los ERE financiados por la Junta para calcular su media teniendo en cuenta los trabajos realizados.