La Mesa del Parlament recurrirá al Tribunal Constitucional para tratar de lograr que el Gobierno devuelva a la ciudadanía la indemnización a las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas Castor, que fue anulada por la justicia.

El pasado 22 de diciembre, el propio TC anuló la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

Una sentencia en la que el TC estimó parcialmente los recursos que habían presentado el Parlament el Govern y el grupo del PSOE en el Congreso.

Casi cuatro meses después, la mayoría de la Mesa de la Cámara catalana, que ostenta JxCat y ERC, considera que el Gobierno español no está devolviendo a la ciudadanía esa indemnización, según fuentes parlamentarias.

Así, ante esta "inactividad administrativa", la Mesa ha acordado interponer ante el TC un incidente de ejecución, que es el mecanismo por el que se plantean asuntos relativos al cumplimiento del contenido de un fallo del propio tribunal.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras los cientos de seísmos registrados en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -participada por la compañía ACS en un 66,67%- a la concesión de la instalación.

Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que pagó el Gobierno en noviembre de 2014 y que preveía cargar en el recibo del gas durante 30 años.