La madre de una trabajadora de Cetro Aceitunas, el administrador de Aglomerados Morell o prejubilados en Lactimilk que cobraban las rentas pese a haber vuelto a trabajar en otras empresas son algunos de los "intrusos" detectados por los funcionarios que revisaron en 2011 los ERE financiados por la Junta.

Varios funcionarios de distintas áreas de la Consejería de Empleo que en el primer trimestre de 2011 participaron en la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE, tras aparecer los primeros prejubilados sin derecho a ellas en el ERE de Mercasevilla, han testificado hoy en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta.

Han coincidido en que les encomendaron sobre todo "cotejar" la lista de trabajadores afectados por cada ERE con la de los beneficiarios de las rentas de prejubilación que aparecían en las pólizas de las aseguradoras con las que la Junta suscribió el pago de las ayudas.

No obstante, algunos como Tomás Domínguez han explicado que la documentación de los expedientes que examinaron no incluía solicitud de las ayudas ni memoria justificativa y resolución.

"No se cumplía la estructura mínima de la Ley de Procedimiento Administrativa", ha señalado, tras explicar que "no había una norma reguladora a la que atenerse" para determinar los requisitos que debían cumplir los beneficiarios, que le llamó la atención que "no intervenían funcionarios" en la tramitación de las ayudas, que no había justificación y "en algunos casos ningún acto administrativo".

Algunos funcionarios como Tomás Domínguez o Jesús Palacio han descrito que había diferencia entre los expedientes de ayudas más antiguas, sin apenas documentación y más desordenados, y los elaborados a partir de 2008 o 2009 (en el juicio están acusados el director general de Trabajo del 1999 al 2008 Javier Guerrero y su sucesor Juan Márquez).

Cada funcionario formó parte de un equipo de dos -uno actuando como instructor y otro como secretario- que revisó entre 4 y 8 expedientes y todos hallaron algún "intruso" sin derecho a la renta de prejubilación o beneficiarios con alguna irregularidad como su edad o antigüedad en la empresa (la Cámara de Cuentas llegó a señalar que en 621 casos no se pudo constatar si los beneficiarios tenían derecho a la ayuda, elevando a 1.062 las irregularidades).

La casuística era muy diversa, desde la madre de una trabajadora prejubilada en el ERE de Cetro Aceitunas al administrador de Aglomerados Morell, prejubilados en Lactimilk que pese a cobrar la prejubilación constaban trabajando por cuenta ajena en otras empresas, herederos de prejubilados de Boliden o empleados de la empresa minera que ya no estaban cuando se hizo el ERE, un prejubilado en Tracsa que en realidad había trabajado para Fundiciones Caetano.

Uno de los momentos más divertidos de la sesión ha sido después de que a varios testigos tanto la acusación particular del PP-A como el fiscal les hayan preguntado si entre la documentación que analizaron vieron notas manuscritas "en post-it amarillos", lo que ha motivado que el letrado Juan Carlos Alférez -que defiende al exdirector de IDEA Jacinto Cañete- haya cuestionado al funcionario Daniel Carballo si "es una irregularidad" que aparezcan post-it entre documentación administrativa.