Los letrados de la Administración de Justicia de Collado Villalba han denunciado la "absoluta falta de seguridad" que tienen en sus actuaciones, como la que realizaron ayer, durante la detención de Sito Miñanco, en la que dos agentes del GEO resultaron heridos de bala.

En un escrito remitido al Ministerio de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los letrados expresan su "preocupación en torno a las condiciones de seguridad" en las que se efectúan las diligencias de entrada y registro.

También advierten de la "insuficiencia flagrante de la retribución de las mismas y la dificultad de llevar a cabo esta labor especialmente en los Juzgados de periferia en los que, por ser pocos en número por Partido Judicial, se hace "casi imposible cubrir todos los señalamientos y actuaciones procesales".

Al hilo de esto recuerdan que las entradas y registros se llevan a cabo por personas que no están de guardia y "generalmente comienzan y se prolongan fuera del horario habitual de trabajo".

Asimismo, explican que en la operación antidroga en la que fue detenido Sito Miñanco estaban presentes, aunque sin sufrir daños, dos letradas de Villalba.

"Esta situación sí pone en evidencia la absoluta falta de seguridad con la que se llevan a cabo estas diligencias, en especial y precisamente para el Letrado de la Administración de Justicia, autoridad judicial que dirige la misma conforme a nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además la diligencia tuvo una duración de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la tarde", critican.

Sobre esta actuación detallan que los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad llevan chalecos antibalas y escudos mientras que ellos no llevan "protección alguna".

"Si bien es cierto que los efectivos policiales siempre intentan despejar el inmueble a registrar, esposando y reteniendo a los ocupantes, está claro que siempre existe riesgo de cualquier incidente, personas ocultas, forcejeos y así ha ocurrido en ocasiones que han puesto en evidencia la falta de seguridad", advierten.

En cuanto a las diligencias explican que las mismas están retribuidas por 30 euros brutos por registro, un importe "claramente insuficiente" teniendo en cuenta el carácter "puntual de la diligencia", y debe atenderse a la "especial penosidad y peligrosidad que puede entrañar".

"Debería abonarse la cantidad de 106,52 euros por cada entrada y registro. Esta cantidad debería incrementarse en un punto más por cada hora que se prolongue la entrada y registro a partir de la tercera, desde que comenzó la diligencia", apuntan al tiempo que piden un protocolo de actuación.

Por todo ello, los letrados de la Administración de Justicia firmantes solicitan la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad en el ámbito territorial de Madrid para tratar este tema de "suma importancia".