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CRISIS CATALUÑA

Los abogados de Turull, Rull y Forn niegan negociaciones con la Fiscalía

Los abogados de los exconsellers del PDeCAT encarcelados por rebelión, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, y del diputado de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, han negado hoy "categóricamente" cualquier negociación con la Fiscalía para pactar una condena por el proceso independentista.

  • Agencia EFE

Los abogados de los exconsellers del PDeCAT encarcelados por rebelión, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, y del diputado de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, han negado hoy "categóricamente" cualquier negociación con la Fiscalía para pactar una condena por el proceso independentista.

En una nota remitida a los medios, el abogado Jordi Pina, que defiende a Rull, Turull y Sànchez, ha negado cualquier contacto con el ministerio público "para alcanzar acuerdo alguno" que implique una rebaja de la condena, a cambio de reconocer los hechos.

Pina, del despacho de abogados Molins & Silva, ha insistido también en que no ha compartido con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "ninguna información que permita asegurar que se está contemplando ese escenario".

De la misma manera, Xavier Melero, que defiende al exconseller de Interior Joaquim Forn, ha asegurado a Efe que no ha mantenido ningún contacto con la Fiscalía para lograr una rebaja de pena para su cliente, a quien el Supremo ha procesado por un delito de rebelión, que puede alcanzar los 30 años de condena.

Melero representa también a varios miembros de la Mesa y a la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, imputados por delitos de desobediencia y malversación que acarrean penas menores, sin que se haya planteado alcanzar ningún pacto con las acusaciones para rebajar futuras condenas, ha insistido a Efe.

La Fiscalía deberá presentar próximamente su escrito de acusación contra los imputados por la hoja de ruta unilateral a la independencia, una vez ya es firme el auto de procesamiento que dictó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Además del ministerio público, en la causa ejerce la acusación popular la formación VOX, que también debería sumarse a un eventual pacto con las defensas para que el acuerdo fuera vinculante para el tribunal.

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