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De la Ley de Seguridad Ciudadana a la derogación de la 'ley mordaza'

Entró en vigor en julio de 2015 tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados, solo con los votos del PP.

Imagen de archivo de las manifestaciones, rodea el Congreso
 Imagen de archivo de las manifestaciones, rodea el Congreso

Más conocida como 'ley Mordaza', la Ley de Seguridad Ciudadana tiene el dudoso honor de ser una de las leyes más protestadas, más incluso que la ley de educación Wert, la de la reforma laboral o la reforma del Código Penal.

Desde antes de estar vigente, todos los grupos de la oposición y numerosos colectivos sociales acusaban al Gobierno de querer imponer un “Estado policial” a lo que el Partido Popular contra argumentaba que “las manifestaciones van a ser más libres porque estarán protegidas de los violentos”. De ese control a las manifestaciones debe la ley su apelativo de “mordaza” ya que surgió a raíz de las protestas “rodea el Congreso”. Para evitar graves incidentes, la ley sanciona cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana" frente a las sedes de las grandes instituciones como el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, para ello se prohíbe “escalar edificios o monumentos sin autorización si existe riesgo de ocasionar daños a personas o los bienes”, no se podrán llevar a cabo actos como escraches o sentadas pacíficas y prohíbe fotografíar a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Algo que también llevó a los miembros de la judicatura y de la carrera fiscal a protestar ya que con la ley, los jueces han perdido el control a sancionar determinadas conductas que han pasado a ser faltas sancionadas con multas administrativas. Los jueces solo entran en acción si se recurre la multa por la vía contenciosa.

Principales puntos de conflicto:

Manifestaciones frente al Congreso, Senado o parlamentos autonómicos

Lo recoge el artículo 36 de la ley: “ La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal".

Fotografiar a policías

Será objeto de sanción grave, “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

Obstaculizar o parar un desahucio

"Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito".

Sentadas y resistencia a la autoridad competente

La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.

Sanciones y multas de entre 100 y 600.000 euros

Faltas muy graves que no sean delitos son castigadas con 600.000 euros como “fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados” o “proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte para deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes”. Finalmente se dejó sin sanción o se permite que los periodistas puedan fotografiar o grabar a los agentes de policía, sí serán multados quienes usen esas imágenes de manera que "ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes".

PSOE, Cs, PODEMOS Y PNV en busca de la derogación

No va a ser tarea fácil, pero los trámites para comenzar la derogación de la ley han comenzado, gracias a que Ciudadanos ha decidido dar la espalda al Gobierno y dejar de apoyar las enmiendas. Esto ha permitido a PSOE, PODEMOS y PNV presentar propuestas de renovación y reformas.

Los socialistas plantean una derogación total de la Ley anque están dispuestos a consensuar con el PNV cambios sin llegar a tumbar la norma por completo. El Partido Nacionalista Vasco propone que se expulse a los extranjeros que pongan en riesgo las infraestructuras básicas e interfieran gravemente en su funcionamiento.

Podemos va más lejos y ha presentado 120 enmiendas a los dos proyectos de reforma de la Ley, como la prohibición del uso por las Fuerzas de Seguridad de las pelotas de goma, así como que se incluya también en la normativa la obligación de la Policía de avisar en las manifestaciones y protestas, por megafonía u otros medios, de que va a cargar. Otra de las enmiendas de este grupo va encaminada a derogar la disposición adicional que "legalizaba" las devoluciones en caliente de los inmigrantes, pero también pide que se garantice el derecho de asilo y que se dé asistencia letrada a las personas que entran irregularmente en España.

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