Laura Blanco.

Entre sesudos debates sobre Derecho Administrativo, contabilidad presupuestaria y fiscalización, las declaraciones de los testigos en el juicio de la pieza política del caso ERE también han dejado lecciones de papelería, ofimática y hasta geografía o arquitectura dignas de reseñar.

Gracias a los funcionarios de la Consejería de Empleo que han pasado por el juicio sabemos que los expedientes de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis investigadas lo mismo venían en "archivadores AZ" que en "cajas de pollo", elementos imprescindibles en cualquier papelería que se precie de tener todo lo necesario para material de oficina.

Y también que las notas manuscritas de los responsables de otorgar las ayudas, sobre todo uno de los principales acusados, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, venían necesariamente en "post-it amarillos" sólo que en vez del consabido mensaje de la nevera indicando que "hay que comprar leche" o el del teléfono de "te ha llamado fulanito", contenían indicaciones sobre el próximo beneficiario de unos miles de euros con cargo a las arcas públicas.

El interés de los fiscales Anticorrupión del caso, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, por los "post-it amarillos" -el matiz del color parece ser relevante- llevó a algún letrado de la defensa a preguntarle a un testigo si es "irregular" el uso de tales papelillos en la administración.

No sólo el material de papelería utilizado en la Junta ha interesado a los ilustres representantes del Ministerio Público, también la ofimática, a tenor de las reiteradas preguntas -en algunos casos por parte de los abogados defensores de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados- sobre el sistema informático Júpiter usado en la administración andaluza para registrar documentos contables.

Y relevante parece ser también, a juicio de la Fiscalía, que un bufete externo que asesoró en 2009 al Gobierno andaluz para cambiar el sistema de ayudas de los ERE presentara su informe "en power point", pues sobre el porqué de la elección de tal formato se llegó a preguntar a una de las abogadas autoras de dicho informe.

Gracias a diferentes exresponsables de múltiples áreas de la Consejería de Empleo o la agencia pública IDEA, quien haya seguido atentamente las declaraciones de los alrededor de 120 testigos que han pasado en los últimos tres meses por la Audiencia de Sevilla puede hacerse perfectamente una idea en su cabeza del plano arquitectónico de ambas sedes, qué despachos estaban juntos, cuantos metros había entre unos y otros y hasta dónde estaban colocados exactamente los armarios para archivar documentos.

Y como los 850 millones en ayudas que la Junta repartió durante una década se diseminaron entre trabajadores y empresas de toda la geografía andaluza, algunos de ellos testigos en este juicio, se han podido escuchar acentos diversos -algunos difíciles de entender para más de un letrado, y no sólo los que vienen de Madrid- y se ha constatado que las distancias en esta extensa comunidad no siempre son cortas.

Así se lo hizo saber uno de los prejubilados de la empresa Bilore de Lucena (Córdoba) al magistrado presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, que fue llamado para comparecer antes de la hora a la que había sido citado y al terminar de declarar no dudó en pedirle al juez que "la próxima vez me avisen con más tiempo, que Lucena no está ahí al lado".

Con lecciones tan diversas, el juicio de los ERE es un aula de aprendizaje multidisciplinar, incluida alguna que otra regañina del juez a los abogados no exenta del castigo de alguna tarde extra para recuperar tiempo retrasado respecto al calendario previsto.

Y también ha habido algún testigo que ha intentado hacer "rabona", alegando males de salud (no todos han colado) o 'fugándose' antes de terminar, como le ocurrió al letrado mayor de la Cámara de Cuentas, que confundió el "recreo" que siempre da el tribunal a mediodía con el fin de su interrogatorio y se marchó sin haber terminado (al día siguiente volvió y se disculpó por el malentendido).