La Audiencia de Barcelona juzga al alcalde de Súria (Barcelona), Josep Maria Canudas, de CiU, a tres concejales, al arquitecto y a dos secretarios municipales, que afrontan hasta 5 años de cárcel, acusados de conceder ilegalmente una licencia a Iberpotash para construir una pista de acceso a una mina de sal.

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha iniciado hoy el juicio, en el que el alcalde y el resto de cargos locales están acusados de delitos de prevaricación por permitir a la empresa minera construir una pista forestal que atravesaba el bosque, sin los informes ambientales preventivos y antes de que se aprobara el plan urbanístico que la amparaba.

Iberpotash solicitó en 2011 la licencia al Ayuntamiento de Súria, gobernado entonces por CiU, como en la actualidad, en el marco de un proyecto para construir un rampa de extracción en la mina que le permitía duplicar la producción de sal y potasa de la explotación y reducir el tráfico rodado en la zona.

La Fiscalía pide dos años y diez meses de prisión para el arquitecto municipal, Jaume E., y penas de un año y seis meses y de dos años y diez meses, respectivamente, para Josep P. y Miquel S., secretario y secretario accidental del Ayuntamiento, a los que acusa de prevaricación por haber concedido las licencias ilegales.

También acusa el ministerio público al exconcejal Joan Castellà, cuñado del secretario municipal y propietario de los terrenos que fueron arrendados por Iberpotash para construir la pista forestal de acceso a la mina, al que acusa de un delito de negociaciones prohibidas a funcionario por el que le pide nueve meses de prisión y dos de inhabilitación.

Por el contrario, el ministerio público no presenta cargos contra el alcalde y los otros dos concejales de Súria -al entender que actuaron en la creencia de que respetaban la legalidad-, aunque la acusación popular ejercida por la CUP les pide penas que oscilan entre los cuatro y los cinco años de prisión.

En sus conclusiones provisionales, el ministerio público acusa a los arquitectos y secretarios municipales de haber otorgado la licencia que Iberpotash había solicitado para construir una pista forestal con 747 metros de longitud y una anchura de 4 metros que sirviera como acceso provisional para la maquinaria que debía construir la futura boca de salida de la rampa minera.

Esa construcción estaba prevista en el Plan Especial Urbanístico que Iberpotash había solicitado, una modificación que todavía no estaba aprobada y que exigía la tramitación previa de los preceptivos estudios y programas de impacto ambiental.

El Ayuntamiento de Súria concedió a Iberpotash un permiso para construir de forma provisional la pista forestal que diera acceso a la mina, pese a que, según la Fiscalía, dicha licencia no podía otorgarse al afectar a un suelo no urbanizable calificado en parte como zona rural de especial protección por la erosión.