El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, en las diligencias abiertas en relación con un ático que compró el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Marbella.

Esta resolución se produce después de que la Fiscalía de Málaga pidiera la inhibición al considerar que "temporalmente" dicha causa se conecta con el caso Lezo, que investiga las presuntas irregularidades en torno a la gestión económica del Canal de Isabel II, empresa pública presidida por Ignacio González entre el 2003 y 2012, según el auto, al que ha tenido acceso Efe.

En la resolución judicial se explica que temporalmente se conectan en el año 2008, fecha coincidente con la adquisición de los inmuebles por parte de Coast Investors y del contrato de arrendamiento de temporada de los mismos, concertado con González y su esposa.

En el procedimiento del Juzgado de Estepona se investigaban hechos constitutivos presuntamente de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La causa del ático de Marbella se comenzó a investigar tras la denuncia formulada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y las pesquisas se centraban en cómo la sociedad norteamericana Coast Investor LLC primero alquiló y luego vendió al expresidente madrileño un ático, en una urbanización de lujo, en la denominada "Milla de Oro".

La instructora coincide con la Fiscalía de Málaga en que el caso Lezo temporalmente se conecta con el año 2008, "fecha coincidente con la adquisición de los inmuebles de la presente causa" por la entidad Coast Investor LLC y del contrato de arrendamiento.

Por ello, procede acordar la inhibición a la Audiencia Nacional ya que en dicho juzgado se tramita una macrocausa por presuntos delitos de cohecho pasivo y malversación de caudales públicos en las que aparece como uno de los principales investigados Ignacio González.

Los hechos objetos de investigación se consideran conexos, según la magistrada, ya que supuestamente son cometidos por la misma persona y tienen analogía o relación entre sí.

La instructora señala que el presunto delito de blanqueo de capitales objeto de la causa de Estepona tiene relación y analogía con los presuntos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos que se investigan en la Audiencia Nacional.

Por su parte, la defensa de González se opone a la inhibición al entender que el único argumento presentado es la "conexión temporal" y que "tras seis años de instrucción de la presente causa ningún indicio criminal resulta de la misma", según el escrito presentado y al que ha tenido acceso Efe.

También argumenta que durante toda la investigación "no aparece ningún dato que lo vincule o conecte con la denominada Operación Lezo".

Ignacio González siempre ha admitido que compró el ático de Marbella donde veraneaba y que fue en diciembre de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y, previamente fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de 2008.

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El 80 por ciento de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el expresidente de la Comunidad.

De la investigación judicial realizada por el caso Ático se desprende que en julio de 2008 se realizó un contrato de arrendamiento de temporada -18 meses prorrogables- con la mujer del expresidente madrileño y se pactó una renta mensual de 2.000 euros.

En julio de 2011 se suscribió por las mismas partes un nuevo contrato sobre el inmueble y se rebajó la renta a pagar a 1.400 euros el mes.