La dirección general de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia va a revisar las declaraciones de reparación y reconocimiento a las víctimas del franquismo que no han sido tramitadas o que han sido denegadas y estudiará también las reivindicaciones de los perjudicados por incautaciones.

Según explica en un comunicado el Ministerio, se ha decidido retomar la política de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo iniciada con la ley de memoria histórica y que había sido "abandonada" por el anterior Gobierno.

En esa línea, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha entregado hoy a Cristina Calandre Hoenigsfeld la declaración de reparación y reconocimiento personal a su abuelo, el médico Luis Calandre Ibáñez, destacado cardiólogo durante la II República y represaliado por la dictadura franquista.

Calandre había reclamado el pasado 8 de julio por escrito a la recién creada Dirección General de Memoria Histórica que se honrase la historia del Hospital de Carabineros, dirigido por su abuelo entre 1937 y 1939 y que estuvo abierto en pabellones pertenecientes a la Residencia de Estudiantes.

En 2013 ya se había dirigido al Ministerio de Justicia y en mayo de este año al Congreso para pedir, sin éxito, la derogación del decreto que en 1938 disolvió la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), institución científica de la que su abuelo fue subdelegado entre 1938 y 1939.

Calandre Ibáñez fue sometido a dos procesos militares con sendos consejos de guerra por permanecer leal a la legalidad republicana.

Absuelto del primero, el Colegio de Médicos de Madrid forzó el segundo juicio, en el que fue condenado a doce años y un día de reclusión menor, aunque la pena le fue conmutada por la de seis años y un día de prisión mayor.

El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, se ha reunido hoy con su nieta para conocer sus propuestas y estudiar su viabilidad.

Con la declaración de reparación y reconocimiento personal que le ha entregado la ministra, el Ministerio de Justicia ha emitido ya 2.475 certificados de ese tipo en aplicación de la ley de memoria histórica de 2007, cada vez a un ritmo más lento.

El objetivo del Ministerio es recuperar la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, suprimida por el Gobierno en marzo de 2012, y, según apunta, uno sus primeros cometidos será determinar cuántas solicitudes de certificación quedaron sin tramitar o fueron rechazadas y revisar la documentación.

Además de este encuentro, el director general de Memoria Histórica ha recibido hoy a representantes de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF).

"Por fin hemos tenido a alguien que nos ha escuchado correctamente, como representantes de la sociedad civil represaliada", ha manifestado a Efe la historiadora de la asociación, Laura Cervera.

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Su objetivo es que se reconozcan los derechos de una orden dictada el 27 de agosto de 1938, por la que muchos particulares vieron incautados sus ahorros.

Con sus alrededor de 800 socios, APIGF tiene documentados en torno a 11 millones de pesetas, aunque, recuerda Laura Cervera, estudios históricos han cifrado la cantidad total incautada en 7.703 millones de pesetas.

"Lo que queremos es que las familias que entregaron su dinero puedan recuperarlo, no pedimos nada que no sea nuestro y contamos con documentación", asegura Cervera.

Sólo así, a su juicio, se cerrará la etapa de la Guardia Civil y se dejará pensar en el pasado para mirar al futuro.