El juicio por la pieza política del caso de los ERE, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se reanuda este martes día 9 con la exposición de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas. La Fiscalía pide entre 6 y 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para 15 acusados -entre ellos Griñán- por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y 10 años de inhabilitación para otros 7 acusados -entre ellos Chaves- a los que sólo imputa un delito de prevaricación.

Se les acusa de crear o mantener un "procedimiento específico" por el que entre 2001 y 2011 la Junta de Andalucía repartió 854 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales de forma "arbitraria" y "sin control". Después de que las tres primeras sesiones del juicio en la Audiencia de Sevilla -los días 13, 14 y 15 de diciembre- se consumieran en la lectura de los escritos de acusación y de defensa que las partes elevaron al tribunal hace un año, lectura que causó controversia por tratarse de un trámite que se suele obviar al darse las partes por informadas de los hechos que se enjuician, aún habrá que esperar varias sesiones para escuchar a Chaves, Griñán y el resto de acusados responder al interrogatorio.

Al consumirse las tres jornadas inicialmente previstas para la exposición de las cuestiones previas, y ante la imposibilidad de cuadrar agendas con todos los letrados personados para fijar nuevas sesiones antes del 9 de enero, será ese día cuando comiencen a exponerse. Tras ello, el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, suspenderá de nuevo las sesiones temporalmente para deliberar y decidir sobre las peticiones de las partes. Se prevé que la inclusión del delito de asociación ilícita por parte del PP -que ejerce la acusación popular- o la personación en la causa de Manos Limpias -también como acusación popular- sean algunas cuestiones previas planteadas por las defensas.

El abogado de Griñán también ha anunciado que pedirá la nulidad de la instrucción desde que la asumió el juez Álvaro Martín (quien la cerró) como refuerzo del juzgado 6 de Sevilla (cuya titular fue primero Mercedes Alaya, que abrió la causa en 2011, y desde 2015 María Núñez), porque al no ser el titular se vulnera el derecho al juez natural, algo que ya pidió sin éxito en la instrucción.

El fiscal, quien en su día propuso la división en piezas de la macrocausa que realizó la jueza Núñez, puede buscar que en este juicio se vean algunas de las ayudas concretas cuya instrucción ya ha terminado y han sido remitidas a la Audiencia para su enjuiciamiento, después de que ésta haya dictado varios autos sacando del procedimiento a responsables políticos, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al considerar que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos.

La defensa de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también ha anunciado que pedirá que los acusados sean los últimos en declarar, una vez oídos la docena de peritos y los más de cien testigos, petición a la que se adherirán otras defensas y que la ley permite, aunque lo habitual es que los procesados sean los primeros en responder a las preguntas de las partes.