El juicio por el denominado caso Hidalgo, contra el blanqueo de capitales y que se destapó hace once años, se ha suspendido hasta el 17 de abril para que las partes personadas en el proceso puedan estudiar la documental aportada por varias defensas.

Esta mañana se ha constituido la sala y al comienzo de la misma, la Fiscalía Anticorrupción ha planteado el aplazamiento debido a una prueba documental concreta facilitada por una de las defensas ya que era muy "voluminosa y relevante".

El tribunal ha pedido al resto de defensas que también suministren, si las tienen, las correspondientes pruebas documentales y ha suspendido hasta el 17 de abril para que se puedan analizar todas ellas cumpliendo las garantías pertinentes.

En el banquillo de los acusados hay sentados doce procesados acusados por blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública en torno a un despacho de abogados ubicado en la localidad malagueña de Marbella.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó juicio oral contra catorce personas, pero dos no se han presentado ante la Sala por enfermedad, y provisionalmente se enfrentan a una pena global de más de 170 años de cárcel y unos 1.000 millones de euros en multa.

En su día, los investigadores señalaron el despacho de Cruz-Conde en Marbella como el principal eje de la trama delictiva de esta causa, que se destapó en abril del 2007 con una operación policial en la que se practicaron veintitrés detenciones, que se elevaron posteriormente a una treintena.

El juez instructor ya decretó en su día el sobreseimiento de la causa respecto a cinco personas, entre ellas dos de los principales imputados, el abogado cordobés Rafael Cruz-Conde y un empresario iraquí, ya que ambos han fallecido.

El fiscal mantiene en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que desde dicho despacho de abogados se proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos".

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española, sociedad limitada, que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal como Gibraltar, Panamá e Islas Vírgenes, entre otras.

En otras ocasiones, siempre según la versión de la acusación pública, se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuya titular era otra entidad de un paraíso fiscal, Antillas Holandesas.

Para Anticorrupción, hubo un determinado número de clientes que se sirvieron del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública, "omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".

Además, el fiscal mantiene que la "finalidad" perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, "lo cual no impidió que se prestaran presuntamente a colaborar con ellos en la constitución de esas sociedades", usadas a modo de tapadera.

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De este modo se ocultaba la procedencia delictiva del dinero invertido en España y no se podía vincular los fondos con su verdadero dueño.

Entre los procesados, hay letrados del despacho de bufete investigado, asesores fiscales y clientes, así como personas relacionadas con la promoción inmobiliaria y la comercialización de productos petrolíferos.

Las sesiones del juicio oral están previsto que se prolonguen hasta el 25 de octubre y se han fijado más de 50 sesiones distribuidas a lo largo de nueve meses.