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Juez cierra instrucción sin esperar a informes pedidos dos veces a Hacienda

El juez del Supremo Pablo Llarena ha decidido concluir la investigación de la causa del "procés" sin esperar a dos informes que encargó en junio al Ministerio de Hacienda y reclamó de nuevo este mes recordando su "urgencia", uno de ellos sobre la intervención de las cuentas de la Generalitat.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 15:44

El juez del Supremo Pablo Llarena ha decidido concluir la investigación de la causa del "procés" sin esperar a dos informes que encargó en junio al Ministerio de Hacienda y reclamó de nuevo este mes recordando su "urgencia", uno de ellos sobre la intervención de las cuentas de la Generalitat.

En un auto, Llarena, que ha rechazado en otros cuatro escritos peticiones de acusaciones y defensas del caso, decide seguir adelante con la conclusión del sumario sin esos informes, ya que esperarlos "demoraría la instrucción al menos hasta el próximo mes de septiembre".

El juez se los encargó a Hacienda el pasado 14 de junio y uno de ellos consistía en un análisis técnico contable de la documentación recibida de la Generalitat en respuesta a cuatro requerimientos de Hacienda a la Interventora General del gobierno catalán.

El otro informe del que Llarena prescinde es un análisis contable de la "evolución de la intervención de las cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017-2018" por parte del gobierno estatal.

Llarena recuerda en su auto que el 5 de julio le trasladó a Hacienda la "urgencia" por tener esos informes y fijó como plazo límite para ello el 10 de julio, a lo que el Interventor General de la Administración del Estado respondió pidiendo un mes más de plazo.

El juez decide obviarlos afirmando que no son elementos "que modifiquen el contenido de la instrucción", ya que el procesamiento de algunos investigados por un delito de malversación de dinero público resulta de la investigación policial, de testigos y de algunas conclusiones ya remitidas al juez por Hacienda.

Por ello, cree que "no son fuente de prueba que condicione globalmente el contenido y resultado de la instrucción" y tiene en cuenta que hay varios procesados en prisión, lo que impone que el proceso se tramite "con especial celeridad, sin que resulte admisible una demora innecesaria".

En cualquier caso, añade que la Fiscalía podrá aportar el criterio de Hacienda en el juicio que se celebre contra los acusados del "procés".

En otro auto, el juez rechaza la petición de libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn, que la sustentó en que ha cambiado su criterio político y ya no comparte la vía unilateral.

El juez destaca que no hay indicios de que el nuevo gobierno autonómico vaya por esa línea. "No faltan manifestaciones institucionales que niegan un cambio de método o que se jactan de no renunciar a desarrollar el proceso de secesión iniciado", destaca Llarena, y añade que Forn mantiene "múltiples opciones de coparticipación".

Según el juez, Forn alegó que no hay riesgo de que se fugue, entre otras cosas por la debilidad física de su madre, pero el magistrado recuerda que se enfrenta a penas graves por rebelión y otros delitos.

Además, recuerda que, aunque Forn se incorporase al gobierno catalán tres meses antes del referéndum ilegal, destaca la "relevante osadía con la que cooperó a la ejecución de los hechos y desatendió" a la ley y al Tribunal Constitucional.

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Especialmente como jefe máximo de los Mossos d'Esquadra, que respondieron el 1-O, no a las órdenes judiciales y a sus obligaciones legales, sino "a los designios de los insurrectos".

Otro indicio de que Forn no ha cambiado de parecer político es, para el juez, que "comparte propósito con los procesados fugados" y "hace escasos días" escribió una carta para su lectura pública expresando su apoyo a los Comités de Defensa de la República "e incitaba a todos a seguir resistiendo y a mantenerse firmes".

En otro auto, Llarena rechaza la petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de incluir en la causa abierta en el Supremo a Neus Lloveras, diputada catalana y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, y a Miquel Buch, alcalde de la localidad de Premiá de Mar, investigados ya en el alto tribunal autonómico catalán por su participación en el 1-O.

Por otra parte, rechaza la pretensión del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, de expulsar del procedimiento documentos vinculados a Josep Maria Jové, número 2 del exvicepresidente Oriol Junqueras, y del exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó.

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