El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Astorga (León) ha abierto una pieza separada a la que investiga un juez de Badalona, que ayer propició una macrooperación contra una supuesta red de amaños en sistemas de tráfico, para esclarecer la contratación de diversas obras y servicios y la instalación de parques infantiles y zonas verdes y deportivas en municipios de León.

Según han informado a Efe fuentes de la operación, las supuestas irregularidades podrían haberse producido en los contratos de obras y servicios así como de la instalación de parques infantiles y zonas verdes, supuestamente a cargo de empresas vinculadas al empresario leonés José Luis Ulibarri, detenido en el marco de esta operación y que declarará en Badalona en las próximas horas.

El alcalde de Astorga (León), Arsenio García (PP), ha pasado esta mañana a disposición judicial en los juzgados de esta localidad junto a varios miembros del equipo de gobierno tras ser detenidos ayer en el marco de la operación Enredadera contra la corrupción municipal.

En concreto se trata del concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz, y el edil de Comercio y portavoz del PAL, Pablo Peyuca.

Está previsto que en el marco de esta pieza separada también declaren hoy ante el juez el concejal de Deportes, Javier Guzmán, y el alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas.

Los tres primeros han llegado de forma escalonada al edificio judicial tras pasar la noche en dependencias policiales, a las que fueron conducidos tras el registro que se realizó ayer en el Ayuntamiento.

En estas instalaciones de parques infantiles y zonas verdes también habría participado supuestamente la empresa Agema, cuyo dueño, Angel Luis García Martín, y uno de sus directivos, Juan José Simón, también están detenidos y a la espera de prestar declaración.

Las mismas fuentes han precisado que el largo registro que se llevó ayer a cabo en el Ayuntamiento de León, que se prolongó durante más de doce horas, se centró en la búsqueda de este tipo de contratos.

La pieza separada de León es complementaria a la causa que ayer llevó a realizar 55 registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades vinculadas con esta supuesta trama en todo el país.

Los hechos presuntamente delictivos, que salpican a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, se remontan a 2012 y 2013, cuando supuestamente se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Los investigadores sospechan que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad solo recaudatoria.

La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.