Los presidentes de las audiencias provinciales de España, reunidos en Córdoba, han abogado hoy por coordinar las medidas cautelares en casos de violencia de género de tal forma que debería ser "el mismo magistrado" quien coordine el procedimiento e instruya el caso hasta el juicio oral.

Las XVIII Jornadas Nacionales de presidentes de Audiencias Provinciales, que durante tres días han reunido Córdoba a 42 máximos representantes de estos tribunales, han finalizado con un documento de conclusiones donde han considerado que son ellos quienes deben impulsar y coordinar las medidas que contiene el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Así, en un documento remitido a Efe, han indicado la necesidad de garantizar la especialización de los Juzgados de lo Penal y la aplicación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales "cuando mejore la atención y los medios con los que se cuenta".

Además, han destacado que los procedimiento de modificación de medidas por modificación de circunstancias, sean tramitados por el juez o jueza inicialmente competente y sean enjuiciados todos los procesos relativos a la misma víctima de violencia de género por el mismo órgano.

Para ello, las unidades policiales, juzgados especializados, Fiscalía, los Institutos de Medicina Legal y la oficina de Ayuda a la Víctima del Delito deben actuar de forma conjunta y tener protocolos de actuación uniforme en toda la provincia, superando la estructura de partidos judiciales.

Por otra parte, los magistrados han considerado que también es necesario abordar la cuestión de la especialidad civil y penal, que deberá reconocer la experiencia como criterio de acceso a la misma.

Los presidentes de las audiencias se comprometen a prestar toda la colaboración que sea precisa para el establecimiento de unas mismas "clases de registro" en todas las Audiencias de España para hacer posible la interoperabilidad de las distintas aplicaciones informáticas.

Además, consideran recomendable que las "normas de reparto" de las distintas Audiencias establezcan unas mismas clases de asuntos de especial complejidad.

Con respecto a la proliferación de recursos de apelación relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea persona física obliga a aprobar por el CGPJ "un plan urgente de refuerzo" en las secciones civiles afectadas de las Audiencias Provinciales.

El plan conllevará, en cualquier caso, la adscripción de los jueces necesarios bajo la modalidad orgánica que se estime adecuada.