La interventora de la Junta de Andalucía Victoria López, que entre 2001 y 2008 realizó su función en la Consejería de Empleo, ha declarado hoy que a la Dirección General de Trabajo que gestionaba las ayudas de los ERE se le advirtió de que algo "se estaba haciendo mal" y siguieron haciéndolo.

López ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

La testigo ha sido especialmente vehemente en sus respuestas a las partes hasta el punto de que el juez, Juan Antonio Calle, ha llegado a recriminarle para que se limitara "a contestar y no preguntar por qué se le hacen las preguntas" cuando ha espetado al fiscal que no sabía por qué la interrogaba por reuniones con el interventor general o los interventores de IDEA.

El fiscal le preguntaba si alguna vez se abordó en reuniones de coordinación de la intervención la problemática por el uso "inadecuado" de transferencias de financiación como herramienta usada por la Consejería de Empleo para enviar el dinero a la agencia pública IDEA con el que se pagaban las ayudas.

Los interventores que realizaban el Control Financiero Permanente en IDEA alertaron reiteradamente de que era "inadecuado" ese sistema porque las transferencias de financiación, y así lo ha corroborado la testigo, sólo pueden destinarse a equilibrar las cuentas de los entes públicos financiando actividades propias de estos.

La testigo se ha mostrado ofendida cuando el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández le ha preguntado si al aparecer en los Presupuestos de la Junta que esas transferencias de financiación a IDEA se enmarcaban en el programa de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis podían conocer su destino.

"No es cierto en absoluto, me está ofendiendo con sólo plantearlo así, no sabía que iban a financiar algo a lo que no pueden destinarse", ha contestado visiblemente molesta, añadiendo que pudiera ser que IDEA tuviera entre sus funciones propias dar ayudas para prejubilaciones y entonces el uso de transferencias de financiación "hubiera sido legal o adecuado".

También ha sido tenso el interrogatorio de la defensa del exdirector de Trabajo Juan Márquez, que le ha preguntado "cómo es posible" que en las reuniones de coordinación entre interventores no se abordara que los encargados del Control Financiero de IDEA que señalaban que era inadecuado el uso de esas transferencias de financiación mientras los de la Consejería de Empleo seguía fiscalizando de conformidad dichas transferencias.

"El Control Financiero Permanente estuvo dando avisos de que se estaban haciendo mal las cosas, lo que no sé es cuántas veces, en qué norma dice que hay que decirlo más de una vez, como no lo arregla el que lo está haciendo mal no me diga usted que tenemos que coordinarnos nosotros cuando son dos controles diferentes y no que sea el gestor, que es a quien se le está diciendo que lo está haciendo mal, y no le importa, no le interesa, se le dice una, dos, tres veces y lo sigue haciendo mal", ha respondido.