Un nuevo informe remitido al Tribunal Supremo eleva la acusación de malversación contra los 14 miembros del Govern cesado al estimar en más de 900.000 euros el gasto en el uso de los más de 2.000 edificios que se emplearon para celebrar el referéndum del pasado 1 de octubre.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, determina el gasto potencial de los 2.259 inmuebles cedidos o habilitados por distintos órganos administrativos a cargo de los procesados para la materialización de las votaciones del 1-O.

Fue elaborado por la Sociedad Mercantil Estatal de gestión Inmobiliaria y Patrimonio (Segipsa), una empresa estatal perteneciente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, en colaboración con Ibertasa.

La mayoría de los locales son colegios, dependientes de la Consellería de Educación, pero aquel día también se emplearon oficinas, salas recreativas, sanitarias, religiosas e incluso viviendas para llevar a cabo la votación, según recoge el informe, fechado el pasado 18 de junio y elaborado a petición de la Fiscalía.

En concreto, los peritos han evaluado 2.259 locales de una lista elaborada por los Mossos d'Esquadra, si bien existen otros 38 inmuebles que no se han localizado y que, por tanto, no se han incluido en el estudio.

De esta forma, el valor de uso global, es decir, el alquiler teórico de los más de dos mil locales, podría ascender a 900.906,7 euros al día, según concluye el informe.

Para alcanzar esta cifra, los peritos se han guiado por "criterios y metodologías establecidos en las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores de suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles".

Este nuevo informe apuntala aun más la acusación de malversación contra el Govern cesado y se suma al anterior elaborado por la Guardia Civil que elevó a 3,2 millones de euros la malversación presuntamente cometida por el Govern cesado para sufragar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La Guardia Civil apuntó que "la Generalitat abonó la cantidad de 1.688.188,05 euros y tiene pendiente de abono 1,604.848,50 euros, ascendiendo la suma total destinada al referéndum del 1-O a 3.269.236 euros".

De hecho, esta previsto que hoy los 14 miembros del Govern cesado, incluido Carles Puigdemont, depositen en el Tribunal Supremo (TS) la fianza de 2,1 millones de euros que les impuso el juez Pablo Llarena en concepto de responsabilidad civil, al conseguir el dinero procedente de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural.