El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado hoy que los honorarios de los abogados adscritos al turno de oficio en el territorio dependiente de su departamento subirán entre el 20 y el 35 %, según los diferentes asuntos tramitados por la asistencia jurídica gratuita, destaca el Consejo General de la Abogacía Española.

Catalá, que ha participado en un pleno del Consejo, ha explicado que el aumento será efectivo una vez se aprueben los Presupuestos de 2018 y afectará al 99 % de los expedientes tramitados por Justicia Gratuita.

La subida oscilará entre el 35 %, especialmente en la jurisdicción civil y la penal, y el 20 % para el resto, aunque los detalles se negociarán en las próximas semanas.

El Consejo General de la Abogacía Española, encargado de representar y defender los derechos de los abogados, ha recordado sus reiteradas críticas a las actuales retribuciones del turno de oficio en determinadas comunidades autónomas y, especialmente, en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia.

A su juicio, los bajos honorarios suponen "una falta de reconocimiento tanto a la labor de los más de 51.000 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución".

Según explica, durante meses se han mantenido conversaciones con el Ministerio para agilizar los pagos y mejorar de forma sustancial las indemnizaciones de este colectivo para que fueran "dignas" y acordes a la responsabilidad que asume y se ha conseguido ya el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

A juicio del Consejo, el incremento de los honorarios no soluciona totalmente el problema de la "deficiente retribución" del turno de oficio, por lo que se seguirá exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, que se reconozcan nuevos módulos y que se abonen las guardias.

La Abogacía apuesta por consensuar un pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, reconociendo que la Justicia Gratuita es "un derecho de la ciudadanía", para garantizar la defensa de las personas que carecen de recursos económicos suficiente, y no un bien de mercado.