El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha incidido hoy en que por parte de la Cámara de Cuentas, que hizo el "control externo" de las cuentas generales de la Junta cada año, nunca "hubo "reproche alguno" al programa de ayudas que se investiga en el juicio de los ERE, "y mucho menos tacha de ilegalidad".

Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE, ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción durante toda la mañana y en el principio de la sesión de tarde, que continúa con el interrogatorio de su abogado.

Si durante la mañana ha insistido en que "jamás" recibió un informe de la Intervención que exigiera su actuación como consejero de Hacienda (cargo que desempeñó de 2004 a 2009 antes de ser presidente entre 2009 y 2013) por las deficiencias que el interventor detectó en la forma de concesión y pago de las ayudas de la Consejería de Empleo, por la tarde ha señalado que en las cuentas generales de la Junta de Andalucía aparecía cada año dicho programa de ayudas.

Unas cuentas que se sometieron al control de la Cámara de Cuentas año a año del periodo investigado -2001 a 2011- y en esa "fiscalización externa o control externo tampoco hubo reproche alguno o tacha de ilegalidad" respecto a ese programa de ayudas.

El fiscal ha terminado preguntándole si ratificaba su declaración en 2015 ante el Tribunal Supremo -no se lo había preguntado antes pero al poco de empezar a declarar Griñán lo hizo en una de sus respuestas- y el expresidente ha dicho que sí con la salvedad de que entonces sólo conocía de la causa el escrito que la primera instructora Mercedes Alaya elevó al Supremo para su imputación al ser aforado porque entonces era senador.

El fiscal le ha preguntado entonces si con lo que conoce ahora quería añadir algo sobre esa declaración y Griñán ha contestado: "¿Sobre el instructor? Sí, que no había malversación", en alusión a que el juez del Supremo ante el que declaró, Alberto Jorge Barreiro, en su informe final dictó apertura de juicio contra él por prevaricación pero no por malversación.

Al dejar de ser aforado la instrucción sobre él volvió al juzgado 6 de Sevilla y hoy sí se sienta en el banquillo por ambos delitos como 15 de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados, a diferencia del expresidente Manuel Chaves (y otros seis acusados) que sólo esán acusados de prevaricación.