La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha considerado hoy que "la justicia española no queda dañada" después de que el juez del Tribunal Supremo rechazara la extradición desde Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación.

"Toda la ciudadanía probablemente compartía un sentimiento de 'vamos a ver si podemos llevar a termino este conflicto de intereses', pero el Gobierno, con su presidente a la cabeza, respeta la autonomía y la independencia judicial y por tanto está a las decisiones de los jueces de España", ha señalado Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz ha enmarcado lo ocurrido en las "discrepancias que se producen entre dos órganos judiciales" y ha insistido en el "respeto profundo" del Ejecutivo a la separación de poderes y, por lo tanto, también a la decisión adoptada por Llarena.

El juez retiró ayer la orden europea e internacional de detención que pesaba contra Puigdemont después de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein rechazara entregarlo por el delito de rebelión y acordó también retirar las órdenes de detención contra el resto de dirigentes independentistas fugados.

Lo ocurrido, ha reiterado Celaá, "son conversaciones entre dos instancias judiciales"; "Respetamos esas conversaciones, que son fruto de la posibilidad que nos da la euroorden", ha recalcado.

Preguntada sobre si el Ejecutivo va a dar instrucciones a la Fiscalía sobre la forma de proceder ante los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión y que se enfrentarán a juicio, ha recalcado la independencia del Ministerio Fiscal.

"Tiene sus propios cauces con los tribunales y este Gobierno no da instrucciones al Ministerio Fiscal", ha zanjado.